Llevan el dragado del Ebro a los juzgados

  • La denuncia ha sido interpuesta por ecologistas y vecinos.
  • Los responsables se enfrentan a un delito contra los recursos naturales.
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza admitió ayer a trámite una denuncia contra la empresa que ejecuta las obras del dragado del Ebro que podría derivar, si sale adelante, en penas de hasta cuatro años de cárcel para los responsables de los trabajos y en duras sanciones para la Administración.

La denuncia ha sido interpuesta por la Plataforma de Afectados por las Obras del Río ante los trabajos de dragado que se vienen realizando en el Ebro desde el pasado mes de junio. Uno de los principales objetivos de estas obras es limpiar el río tras las últimas riadas para facilitar la navegabilidad de los barcos fluviales.

La plataforma está formada por ecologistas y colectivos vecinales de la capital aragonesa.

Según ha explicado el presidente de ANSAR y miembro de la plataforma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) iniciarán las investigaciones pertinentes en cuanto a las actuaciones llevadas a cabo en el Ebro y comunicarán los resultados al juzgado.

Los responsables de la plataforma mantienen que en las obras ejecutadas frente al embarcadero de la Expo se han podido incumplir ciertas normativas que podrían ser consideradas como un delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales. "Creemos que se han sobrepasado todos los límites y por eso fue recurrida al juzgado y el hecho de que haya sido admitida a trámite vamos a ver donde nos lleva", añade Maestro.

La Plataforma de Afectados por las Obras del Río ha mostrado su oposición a estas obras desde el principio. "Desde el año pasado cuando se inició por sorpresa el dragado del Ebro es notorio que hemos discrepado abiertamente durante todo este tiempo, hemos realizado acciones de protesta y hemos hecho saber a todas las Administraciones implicadas cuestiones que nosotros consideramos que se estaban vulnerando", recuerda Maestro.

Los responsables se enfrentan a un presunto delito contra los recursos naturales y la ordenación del territorio.

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