Aurora (nombre ficticio), de 44 años, y su pareja, de 58, se mudaron a su piso del PAU de Carabanchel hace tres años para iniciar su vida juntos tras superar sendos divorcios. Firmaron un contrato de tres años con Fidere, la principal filial española de Blackstone, uno de los mayores fondos de inversión del planeta.

Su nueva vida dio un vuelco este verano, cuando la empresa les informó de que la renovación del contrato vendría aparejada de una subida, desde los 600 euros que pagaban hasta esa fecha hasta los 900.

"Ni tenemos capacidad de pago para asumir esta subida ni entendemos que se deba aceptar este abuso", explica Aurora, que decidió mudarse a esta zona por encontrarse en un punto medio entre las viviendas de sus padres y los de su pareja. "Te está obligando realmente a largarte de tu vivienda".

Su caso es uno más de los cientos de familias de antiguas viviendas con algún tipo de protección que han acabado en manos de fondos de inversión desde 2013 y que han sufrido subidas abusivas de sus alquileres.

Campaña Madrid vs Blackstone

Ahora, vecinos de más de cuarenta bloques de distintos municipios de la Comunidad han decidido organizarse colectivamente en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y tratar de presionar a sus nuevos caseros para que se sienten a negociar. Desde septiembre, dieron comienzo a la campaña Madrid vs Blackstone, que ha venido creciendo exponencialmente desde entonces y extendiéndose como una mancha de aceite por la región.

"La campaña busca que los inquilinos se queden en la vivienda, que sigan pagando lo que pagaban hasta ese momento y que así fuercen negociaciones con los propietarios para conseguir alquileres justos", explica Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. "En el caso de Blackstone-Fidere, se han dado subidas hasta de un 100% y las familias no pueden pagarlas".

Fondos de inversión estadounidenses como Blackstone o Goldman Sachs han entrado con fuerza en el mercado inmobiliario español en la última década, aprovechando que los bancos necesitaban descargarse de sus carteras de vivienda acumuladas durante la crisis y de que las administraciones aceptaron vender vivienda pública para ajustar sus cuentas.

En 2013, bajo el gobierno de Ignacio González, la Comunidad de Madrid vendió 2.935 viviendas públicas a fondos, una operación a la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró culpable de quebrar "la protección social" en la región.

La Asamblea insta a impedir la venta de vivienda protegida

Precisamente para evitar nuevas operaciones como esta, todos los grupos de la Asamblea, a excepción de Vox, aprobaron una propuesta no de ley (PNL) el pasado 21 de noviembre que instaba al Gobierno regional a impedir la venta a terceros de las viviendas con protección pública, a crear un parque público de vivienda social y a poner en marcha una mesa de diálogo entre los afectados por las subidas y los fondos.

"El planteamiento es que sea la Comunidad la que medie con los fondos para que los vecinos no se encuentren en esta situación de subidas abusivas", explica Cristina González, portavoz de vivienda del PSOE, el grupo que presentó la PNL aprobada el mes pasado.

"Como no se puede hacer es como estaba ocurriendo, negociando los afectados uno a uno con el fondo y si llevaban un abogado no se sentaban con ellos. La solución tiene que ser colectiva para evitar la presión y la coacción a las familias”, añade González.

Aunque la PNL recibió los votos a favor de todos los grupos, salvo Vox, que se abstuvo, no todos comparten los mismos planteamientos.

Podemos y Más Madrid se muestran favorables a la regulación del mercado, siguiendo modelos como los de Berlín o Nueva York, mientras que el PSOE, por medio de González, se limita a reclamar "iniciativas para hacer que baje el precio del alquiler, como un parque público de vivienda más amplio".

Los dos partidos de Gobierno, PP y Cs, son contrarios a la regulación como lo es Vox y ponen el acento en reforzar la seguridad jurídica y confiar en la iniciativa privada.