Cuando se cumplen este miércoles 42 años del asesinato del joven, los familiares han dado una rueda de prensa, junto al abogado de la familia, Luis Ocaña, quien ha recordado que hace un mes se formalizó en el Palacio de San Telmo una solicitud para que el presidente andaluz los recibiera.

"Nos dijeron que recibiría a la familia próximamente y hasta la fecha no sabemos nada y seguimos a la espera", ha indicado el representante legal de las hermanas del joven, que siguen pidiendo "justicia" y que se sepa toda la verdad de lo ocurrido a través de las actas que no han salido a la luz pública.

Dolores ha lamentado que están "en un callejón sin salida", aunque ha apuntado que esperan "que con este nuevo Gobierno que entra ahora tengamos un camino, por lo menos, más abierto y más acción para poder investigar las comisiones que están en Madrid, una parte". En suma, esperan poder acceder a los archivos y "esclarecer un poco más lo que paso aquel 4 de diciembre".

"Nosotros estamos igual que hace 42 años", ha criticado, añadiendo que "está cerrado totalmente; no sé qué se ocultan en esos papeles, porque no es de recibo que 42 años después y que todavía no se sepa nada ni tengamos acceso a ellos", ha manifestado, preguntándose también: ¿Qué algún político de aquella época todavía esté en activo? Pues puede a ser. ¿Qué todavía no quieran que salgan algún nombre de los que pasó y están allí? Pues también puede ser".

No obstante, ha asegurado que "tarde o temprano todas esas personas responsables de lo que pasó aquel 4D saldrán, todos los nombres. Ya no es solo quién disparó sino todos los que están detrás de ese, y ese jefe también tiene que salir", lamentando "toda la injusticia que se le hizo a mi hermano". "Ninguna investigación, todos los políticos miraron para otro lado y ese niño tenía sus padres, sus hermanos...", ha dicho.

Al respecto, ha agregado que su padre luchó todo lo que pudo por investigar pero "era todo puerta cerrada". "Ahora sus hermanas estamos luchando, y creo que con la democracia que tenemos desde hace muchos años espero que nos dé un poco más de luz de lo que pasó aquel 4D", ha manifestado.

Por su parte, Puri, otra de las hermanas, ha insistido en que no quieren "más palmadas en el hombro, queremos solución, que haya justicia para mi hermano después de 42 años". "Al igual que ellos piden justicia para sus muertos, nosotros pedimos para los nuestros", ha dicho, apuntando que su hermano "era una persona de primera, no era de segunda".

INFORME JURÍDICO

Por otro lado, el abogado de la familia ha expresado que la familia se va a sumar a la querella que sigue en Argentina la jueza Salvini sobre de los crímenes del franquismo y ha apuntado que se ha encargado a un jurista un informe jurídico a raíz de la aprobación definitiva de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía.

Al respecto, ha explicado que en ese documento se analizan las medidas que habría que poner en marcha "para cumplir con los estándares internacionales de verdad y justicia" en el caso de García Caparrós. La intención es presentar este informe al presidente andaluz cuando les reciba.

En ese informe, piden al Gobierno andaluz, a través de la Asociación de Víctimas de la Transición, una declaración de reparación y reconocimiento efectiva hacia Manuel José y su familia por su condición de víctimas, así como declaraciones equivalentes para el resto de las víctimas.

También se insta a la construcción de monumentos en cada capital de provincia en homenaje y reconocimiento hacia las víctimas de la Transición y a la inclusión en los planes educativos andaluces de elementos formativos y materiales didácticos que ofrezcan una exposición precisa de lo ocurrido.

En dicho documento, se señala que la familia de García Caparrós "no ha recibido reparación ni ha conocido la verdad respecto a su crimen", lo que se concreta "en la falta de atención a todos los niveles de las administraciones del Estado, la falta de revelación pública de la verdad, la inexistencia de declaración pública alguna -ya sea de disculpa, reconocimiento o aceptación de responsabilidades- relacionada con su condición de víctima, o la inclusión de su crimen en la enseñanza".

Así, se considera que queda acreditado "que el Estado posee herramientas para paliar esta situación, y más concretamente la Junta de Andalucía a través de la mencionada ley y su desarrollo normativo", indica el informe, apuntando, entre otras cuestiones, que "no se trata de un asunto que concierna solo a dicha ley y sea dependiente de la voluntad del legislador o del gobierno de turno".

En este sentido, se pone de manifiesto que "está amparado en multitud de normas internacionales en defensa de los derechos humanos suscritas por el Estado español, así como en extensa jurisprudencia sobre los mismos".