La Ley de Seguridad Ciudadana, que fue reformada por última vez en 2015 por elGobierno que presidía Mariano Rajoy (PP) siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, se ha revelado como una gran fuente de ingresos para las arcas públicas. Así lo revela el anuario estadístico de Interior correspondiente a 2018, recientemente publicado.
A lo largo de los 12 meses del año pasado, en toda España se interpusieron 249.665 sanciones por infringir alguno de los artículos de esta norma, a la que se le atribuyó el sobrenombre de ‘ley mordaza’ por ser más restrictiva de derechos que su antecesora –la ‘ley Corcuera’, que databa de 1992–. La cuantía que llevaron asociados esos expedientes se acercó a los 150 millones de euros.
Infracciones
Las estadísticas de Interior facilitan el número de sanciones cursadas en tres grandes ámbitos: armas y los explosivos, seguridad ciudadana (desórdenes públicos, desobediencia, resistencia a la autoridad, etc.) y consumo de drogas.
Es en este último capítulo donde se registraron mayor número de sanciones, en concreto 177.199. Prácticamente todas se corresponden con consumos o tenencias ilícitas de drogas en establecimientos o lugares públicos, una infracción que representa el 70,9% de todas las cursadas por temas de drogas el año pasado.
El consumo o tenencia de drogas, aunque no estén destinadas a la venta, es considerada una infracción grave y a día de hoy es la que más se comete en España. De hecho, no deja de aumentar año a año el número de infractores castigados por hechos de este tipo.
Muy lejos de las cifras que registra el consumo de drogas, como segundo artículo más infringido de la ley, con alrededor de 20.000 multas cursadas, es el 36.10, que castiga la exhibición, uso o simplemente la tenencia en un lugar público de armas prohibidas. La recaudación ascendió a 12,2 millones.
En el capítulo de seguridad ciudadana, los comportamientos más castigados hacen referencia a la desobediencia o resistencia a la autoridad (el año pasado se cursaron 13.413 expedientes, una cifra similar a la de 2017 y 2016 que supone multas que ascienden a unos ocho millones de euros) y también los desórdenes públicos (6.700 sanciones el año pasado).
Los ingresos
Con los datos que facilita Interior no se puede conocer con exactitud cuánto dinero ingresaron las arcas públicas porque las recaudaciones facilitadas no tienen en cuenta circunstancias como la reducción por pronto pago u otras. Sin perder de vista que las multas interpuestas en 2018 representaron la cifra más elevada desde la última reforma de la ley, resulta lógico pensar que la caja que se hizo el año pasado también fue récord.
Desde hace cuatro años y medio, ni el número de sanciones ni la cuantía de las multas ha dejado de crecer. 2015 es el ejercicio con menor recaudación, dado que la norma entró en vigor en julio.En los seis meses en los que estuvo en vigor la norma, ya se interpusieron cerca de 90.000 sanciones (a una media de 480por día) por valor de 41,7 millones.
En 2016, el primer ejercicio completo, como es lógico el número de expedientes se multiplicó (hasta prácticamente los 198.000 multas) y, con ellos, la recaudación, hasta los 89,6 millones. Un año después, el número de sanciones experimentó un crecimiento de casi 32.000 multas y la recaudación superó los 135 millones. Porcentualmente.
Por comunidades autónomas
De acuerdo con los datos recabados por Interior, desde que entró en vigor la última reforma hasta diciembre de 2018 se han interpuesto cerca de 765.500 sanciones en todo el país. Las comunidades en las que se han cursado más multas han sido Andalucía (254.957), la Comunitat Valenciana (85.965) y Canarias (67.144).
En realidad, la cifra de expedientes cursados en los últimos cuatro años y medio sería bastante superior, porque dentro de la cifra global de sanciones, el ministerio no contabiliza los expedientes que fueron archivados sin la imposición de sanciones económicas, ni tampoco los tramitados por la Ertzaintza, los Mossos y la Policía Foral en País Vasco, Cataluña yNavarra. En estos territorios solo se computan las sanciones tramitadas por la Administración Central del Estado.
PSOEy Unidas Podemos, a favor de derogar la reforma de 2015
Tanto el PSOE como Unidas Podemos, los dos partidos que han llegado a un acuerdo para formar gobierno y actualmente negocian con otros la investidura de Pedro Sánchez como presidente, se comprometieron en sus programas electorales de cara al 10-N a derogar la actual ley de seguridad ciudadana porque la consideran "restrictiva" de derechos y libertades.
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