«Desobedecí la orden de la Junta Electoral Central (JEC) porque era imposible cumplir una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía competencia». Este ha sido el principal argumento que ha utilizado este lunes el presidente del Govern, Quim Torra, para defenderse durante su juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desoír el mandato de este organismo y no retirar de edificios públicos lazos amarillos y pancartas de apoyo a los líderes independentistas presos durante la campaña de las elecciones generales del 28 de abril.

Torra, que afronta una petición de inhabilitación de hasta dos años por desobediencia y que ha llegado al TSJC arropado por consellers, alcaldes y entidades, ha insistido en que la JEC no es un órgano «superior jerárquico» al jefe del Ejecutivo catalán y en que, en todo caso, la Junta Electoral Provincial era la competente.

«Yo, como presidente de la Generalitat, tenía el deber de defender los derechos y libertades de mis conciudadanos», ha alegado al responder a las preguntas de la defensa, que fueron las únicas que contestó, pues ha rechazado las de la Fiscalía y a la acusación popular ejercida por VOX.

También ha culpado a los miembros de la JEC de quererle hacer «prevaricar» por hacerle dictar una orden de retirada de los símbolos independentistas para la que no tenía competencia. En este sentido, ha apuntado que el presidente de la Generalitat no puede obligar a responsables de edificios públicos como escuelas o centros sanitarios a quitar símbolos independentistas.

Además, Torra ha acusado a la JEC de no dar órdenes claras y de actuar de manera «omnipotente» y amenazarle, lo que a su entender demuestra que se trató de un caso de «censura» y de vulneración del derecho a la libertad de expresión.

La defensa de Torra ve "motivación política" en las órdenes de la JEC

Ha lamentado, asimismo, que la sesión de este lunes en el TSJC se haya celebrado a pesar de que las impugnaciones que planteó contra las decisiones de la Junta Electoral Central están pendientes de resolver en el Tribunal Supremo.

«Si por defender los derechos de mis compatriotas he de ser condenado, bienvenida sea la condena», ha dicho en su alegato final, durante el que se ha declarado víctima de un «juicio político».

En la misma línea, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, ha asegurado que hubo «una motivación política detrás de la actuación» de la JEC y ha insistido en que el cumplimento su orden era inasumible. «Lo querían sentar en el banquillo fuera por desobediencia o por prevaricación», ha señalado.

«Yo, como presidente de la Generalitat, tenía el deber de defender los derechos y libertades de mis conciudadanos»

Por su parte, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha subrayado que el símbolo del lazo amarillo «no es compartido por la totalidad de los catalanes», por lo que «no es neutral». Bañeres, que pide para Torra un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, ha dicho, además, que la JEC era el único órgano «competente» para dictar la orden, puesto que «la decisión afectaba a un territorio supraprovincial y la junta de la Comunidad Autónoma de Cataluña no existe». También ha criticado que el «desprecio» de Torra hacia la JEC se fue intensificando. «Se vino arriba», ha dicho.

VOX pide dos años de cárcel

Desde la acusación popular, ejercida por VOX, que pide dos años de cárcel para el presidente de la Generalitat y una sanción de 72.000 euros, el abogado Juan Cremades ha advertido de que incumplir resoluciones judiciales o administrativas no queda «amparado» en el derecho a la libertad de expresión.

Durante el juicio también ha declarado el excomisario jefe de los Mossos Miquel Esquius, que ha explicado que recibió la orden de retirar los lazos y las pancartas en favor de los presos por parte de la JEC y del conseller de Interior, Miquel Buch, y que no hubo objeción cuando la comunicó al jefe de Presidencia. Además, han sido interrogados cuatro agentes de la Policía Nacional.

El juicio ha quedado esta tarde visto para sentencia. Si Torra fuera condenado por desobediencia, no sería apartado del Govern hasta que el Tribunal Supremo la ratificara y el promedio del alto tribunal para resolver recursos no suele ser inferior a nueve meses.

En caso de inhabilitación, los equilibrios dentro del Govern de coalición de JxCat y ERC podrían verse alterados, ya que le tocaría al vicepresidente, Pere Aragonès, republicano, asumir el mando del ejecutivo. Esta opción no convence a JxCat, según han reconocido este lunes voces del partido, que han apuntado que, para evitarla, Torra podría precipitar las elecciones en Cataluña y convocarlas antes de que la condena fuese firme. 

Torra planta al empresariado catalán

El presidente ha decidido a última hora de este lunes no asistir a la entrega de premios Carlos Ferrer Salat que concede la patronal catalana Foment donde –como ocurrió el año pasado antes del ‘Pacto de Pedralbes’– hubiera coincidido con varios miembros del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, entre ellos la titular de Economía, Nadia Calviño. A Quim Torra le substituyó el vicepresidente de Economia, Pere Aragonès. A la cena asisten unos 600 empresarios.