La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Lezo que procese al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao por la que se pagó en 2003 unos 30 millones de dólares.

Según han confirmado fuentes jurídicas y ha adelantado El Mundo, la Fiscalía reclama al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón procesar a González por delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos en relación a esta compra por parte del Canal.

También pide que se dicte el procesamiento en esta misma pieza del caso Lezo para Edmundo Rodríguez Sobrino, el considerado hombre fuerte del expresidente madrileño en Latinoamérica; el ex delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro; la ex directora del Canal María Fernanda Richmond; el ex gerente de Triple A Ramón Navarro; el ex directivo de Inassa Diego Fernando García Arias; y, el representante de Emissao Sebastiao Cristovam.

Anticorrupción cree que de las diligencias practicadas hasta la fecha se desprenden indicios de criminalidad suficientes como para interesar la continuación del procedimiento penal.

La Fiscalía siempre ha mantenido que la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 partió de Ignacio González, quien estaba totalmente al corriente de la operación y que el Canal pagó 30 millones de dólares.

Esta sociedad perdió su valor hasta los cinco millones mientras que, según la investigación, Ignacio González pudo sacar 5,4 millones en comisiones, que presuntamente se repartió con otros socios.

En el caso Lezo están ya procesados los implicados en la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por el Canal en 2001, con un "sobreprecio injustificado" de entre 19 y 29 millones de euros.

El juez finalmente eximió de responsabilidad a los expresidentes madrileños Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, que no se sentarán en el banquillo por estos hechos.

Sí lo harán los catorce miembros del Consejo de Administración del Canal entonces, incluido su presidente Pedro Calvo y el exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif Juan Bravo, que se enfrentan a una petición de siete años por malversación.

Reparto de comisiones

Según contó Pablo González, hermano del expresidente madrileño, al juez en una de sus comparecencias como imputado en este caso, el expresidente de Inassa le confesó los detalles de la operativa ilícita por la que se repartieron unos 5,5 millones de euros por la compra de Emissao. Esta cantidad supuestamente se habría repartido entre el expresidente regional, Rodríguez Sobrino, Moro, García Arias y Navarro, como personas implicadas en la operativa por la que la empresa pública de aguas pagó 30 millones de dólares.

La división de las comisiones, siempre según la declaración de Pablo González, fue de 2,7 millones de euros para Rodríguez Sobrino a través de las sociedades opacas Amalfi y Rafaello, de los cuales 1,8 millones corresponderían al expresidente madrileño; mientras que Moro recibió otros 1,8 millones que fueron ingresados en cuentas en República Dominicana. García Arias y Navarro, por su parte, se embolsaron por la valoración económica de Emissao 900.000 euros.

Según Pablo González, la conversación se mantuvo estando con Rodríguez Sobrino en prisión preventiva y este último le reconoció que los investigadores encontraron parte de esas comisiones ilícitas, más de 260.000, en el apartamento que tiene en Colombia (Barranquilla) a nombre de su hija.

En este sentido, Rodríguez Sobrino confesó que el dinero a repartir procedía "de las comisiones de lo de Brasil" y que su temor era que los investigadores iban a comprobar las transferencias hechas desde el país sudamericano a los implicados en esta operación, como efectivamente se pudo averiguar en la investigación de la comisión rogatoria trasladada a Colombia.

Ante esta revelación, el magistrado instructor acordó en abril del año pasado librar 12 comisiones rogatorias para recabar toda la información posible sobre las irregularidades cometidas en dicho reparto de dinero, así como sobre el patrimonio del considerado como cabecilla de la trama, por lo que también requirió cooperación internacional a Reino Unido y Bélgica para conocer el patrimonio del exdirectivo de Inassa y su hija.

Confesión de un exdirectivo de Inassa

Estos hechos fueron confirmados posteriormente, en mayo de 2018, por el exgerente de Inassa Diego García Arias, que detenido en Colombia unos meses después de que se destapara este caso de corrupción. En su declaración ante el juez precisó que la parte correspondiente al expresidente madrileño no se le ingresó a él directamente porque en 2013 ya estaba siendo investigado por las operaciones de compraventa de su ático en Estepona (Málaga), así que para evitar sospechas el dinero se traspasó a Rodríguez Sobrino.

Sobre la compra de Emissao, García Arias (que como parte de su colaboración con la justicia, devolvió la comisión recibida) afirmó que el 'número 2' de la trama dio órdenes para que la valoración oscilase entre los 32 y 34 millones de euros y que, de salir adelante la operativa, el reparto autorizado por Ignacio González sería de 6 millones de euros, aunque finalmente descendió a cerca de 5,5 millones.