Los trabajadores de los servicios educativos de Andalucía, en lucha por "temor" a perder sus empleos

Un grupo de personas se manifiesta por el despido de 73 trabajadores de cinco escuelas infantiles de Andalucía.
Un grupo de personas se manifiesta por el despido de 73 trabajadores de cinco escuelas infantiles de Andalucía.
CC OO
Un grupo de personas se manifiesta por el despido de 73 trabajadores de cinco escuelas infantiles de Andalucía.

Hace tan solo unos días comenzaban en Andalucía diferentes movilizaciones de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la "falta de personal" en los centros sanitarios ante la no cobertura de las bajas por parte de la Junta. Ahora, se le abre otro frente al Gobierno autonómico en el sector educativo, con la protesta de los trabajadores de los servicios externalizados –unos 18.000, según los sindicatos–, tales como el aula matinal, los comedores, el servicio de limpieza, los monitores de alumnos con necesidades especiales o los intérpretes de lengua de signos, que "temen" perder sus empleos en caso de que la Junta revierta esos servicios para que vuelvan a ser públicos, como ya les pasara a 73 maestras de cinco escuelas infantiles de la región.

Precisamente por el despido de estas últimas trabajadoras, que se hizo efectivo el pasado 1 de septiembre, volvieron este martes a salir a la calle decenas de personas, convocadas por CC OO, que seguirán "movilizándose" hasta que Educación les dé "una solución". Así lo afirma a 20minutos Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, que explica que "la reconversión del trabajo privatizado y precario en público y de calidad" es una "reivindicación histórica" de los trabajadores, pero lo que exigen a la Junta es que no solo se revierta el servicio, sino que se garantice la continuidad de las plantillas.

Tras lo sucedido en las escuelas infantiles, el sindicato teme ahora que ocurra lo mismo con el colectivo de trabajadoras que prestan apoyo a los alumnos con necesidades especiales. Se trata, en total, de unas 1.300 personas, de las que el 97% son mujeres. Después de que la propia Intervención General de la Junta haya "urgido" a la Administración a dejar de licitar el servicio mediante empresas externas, Molina explica que la Junta les ha informado de que "cada año de esta legislatura se irán convirtiendo 500 plazas en públicas", pero se harán, afirma el representante sindical, "tirando de la bolsa" y no mediante la subrogación del personal, "tal y como establece la Ley de contratos del sector público".

Los padres piden más monitores

El conflicto de los monitores de alumnos con necesidades especiales va más allá de las reivindicaciones de los propios trabajadores. Este mismo miércoles, un grupo de asociaciones de madres y padres de alumnos, pertenecientes a la plataforma AMPA Escuelas de Calor, acudirán a la Delegación Territorial de Educación en Sevilla para presentar sus reclamaciones por la situación en la que aseguran que se encuentra este alumnado desde que comenzara el presente curso. Afirman que "hay personal docente y de apoyo", pero la Junta "lo ha dejado en el paro o lo ha precarizado contratando de manera compartida para atender a varios centros". Esto ha provocado que haya madres y padres que "tienen que abandonar su puesto de trabajo para suplir a la monitora escolar, que no llega a cubrir las necesidades de sus hijos". O niños que "no pueden disfrutar del recreo porque no tienen" personal "que lo asista".

"La situación es lamentable y cada vez va a peor", asegura a este medio Sofía Rivero, una de las componentes del AMPA, que explica que aunque han reclamado ya a la Junta, "se van pasando la pelota unos a otros y no dan solución". Desde CC OO, Molina añade: "El trabajo de estos monitores es necesario, a tiempo completo y durante todo el año".

Actualmente, en los centros públicos de la región hay 66.362 alumnos con necesidades especiales, según los datos facilitados por la Consejería de Educación a este periódico, que están atendidos por 8.486 profesionales. De estos, 4.603 son profesores de Pedagogía Terapéutica (PT); 1.447 son profesores de Audición y Lenguaje (AL); 1.270 son profesionales técnicos de integración social (PTIS) dependientes de la Consejería y otros 730 dependientes de Función Pública; 275 educadores; y 161 intérpretes de lenguaje de signos.

La Junta, que asegura que la cobertura de las necesidades de estos alumnos "está garantizada", defiende que el presupuesto para Educación Especial ha aumentado en 77 millones de euros desde 2018, mientras que entre 2016 y 2018, "en los tres últimos presupuestos de la Administración socialista", lo hizo en "34 millones". Además, el número de profesores PT y AL ha crecido en 140 este curso, mientras que hay 79 PTIS más, y las horas de trabajo de estos profesionales ha crecido en 1.907. Asimismo, afirma que hay 130 unidades públicas más de Educación Especial.

A todas estas movilizaciones se sumarán las que tendrán lugar "en próximas fechas" por parte de los intérpretes de lengua de signos, que "se encuentran en la misma situación", denuncia el sindicato CC OO.

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