La juez que instruye el caso Astapa contra la corrupción en Estepona ha dictado orden de prisión incondicional y sin fianza para el alcalde de la localidad, Antonio Barrientos (PSOE) y también para su jefe de gabinete, José Flores.

A ambos se les imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo, han informado fuentes judiciales, mientras que el último de los detenidos, el concejal del PES y ex integrante del GIL Manuel Reina, está pendiente de la decisión de la juez Isabel Conejo.

A la espera de lo que ocurra con Reina, la titular del juzgado número 1 de Estepona ha concluido la toma de declaración a los 26 detenidos en este caso, que se ha saldado hasta el momento con cuatro órdenes de prisión, libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros para dieciocho personas libertas sin fianzas y con cargos para otros tres.

La Fiscalía había solicitado a la jueza que dictara su ingreso en prisión incondicional para el regidor, para su jefe de gabinete y para el ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Francisco Zamorano. Para este último han ordenado la libertad provisional con una fianza de 50.000 euros y previo pago de 300.000 euros para el abogado Juan Simón..

10 personas ya han pagado por su libertad

Con las fianzas impuestas a Simón y Zamorano, la juez ha dictado hasta el momento dos órdenes de prisión incondicional, ha dejado en libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros a otras dieciocho personas y ha decidido que otros tres queden en libertad sin fianza y con cargos.

Según fuentes judiciales, diez de los imputados han hecho efectiva ya la fianza impuesta por la jueza. En concreto, serían el empresario Vicente Delgado y su hermano Félix, ambos con 100.000 euros; el presidente del grupo Prasa, José Romero, que abonó el jueves por la mañana los 300.000 euros; el arquitecto municipal Ignacio de la Hoz, con 50.000 euros; Ana María Crespo, con 30.00 euros, y J. L. C. A, con la misma cantidad.

Antonio Bazán, que habría abonado 300.000 euros; Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de Valle Romano, 500.000 euros y los letrados de Bilbao, Armando Pérez y Daniel Delgado, ambos con fianza de 100.000 euros, también han abonado la fianza.

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