Se eleva a 25 la cifra de detenidos por presunta corrupción en Estepona

  • Les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.
  • Entre los arrestados están el alcalde, un arquitecto municipal, el edil de Hacienda y un técnico de Urbanismo. 
  • La operación se extiende a Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián.
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La Fiscalía Anticorrupción considera que el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), en el que hoy se desarrolla la operación Astapa, contra la corrupción urbanística, funcionaba "con el mismo patrón" que el de Marbella, bajo el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL). Así lo han informado fuentes del Ministerio Público, que han señalado que el juez que lleva el caso ha dictado

25 órdenes de detención que afectan al alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), al arquitecto municipal Arturo Cebrián y al edil de Hacienda, Francisco Zamorano. También han sido arrestados el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores, y el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur, que podría ocupar alguna responsabilidad en ese área.

Las detenciones, que además de en Estepona se han efectuado en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián, han sido seguidas por 38 registros domiciliarios y societarios y numerosas órdenes de prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y de bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros.

Cohecho, blanqueo, prevaricación

Los delitos que se investigan y que se imputan a los detenidos son, en principio, los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales. Las fuentes consultadas han asegurado que, como en el caso de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado.

También añaden que en la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico.

La investigación fue iniciada por un Juzgado de Estepona con el apoyo de la Fiscalía de Málaga, pero la trascendencia del caso y el alto número de personas implicadas les llevó a solicitar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que la causa fuera asignada a la Fiscalía Anticorrupción.

Por su parte, la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz ha decidido iniciar los trámites para incoar expedientes de expulsión provisional del partido de aquellos concejales implicados en la investigación policial.

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