La vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que el Ejecutivo quiere presentar una
reforma "limitada" de la
Ley de Extranjería antes de que concluya el año. La idea del Gobierno es
ampliar el plazo de 40 días de privación de libertad hasta 60, para dotar de más tiempo al proceso de repatriación de los inmigrantes irregulares.
Este
endurecimiento de la Ley de Extranjería seguiría la línea de
la aprobada por el Parlamento Europeo, que permite retener a inmigrantes indocumentados
hasta 18 meses. Sobre esta normativa, De la Vega ha asegurado que "no afecta a la legislación española" y, por lo tanto, no será asumida por España.
De la Vega ha defendido la directiva aprobada en la Cámara europea porque, en su opinión, permite
"establecer garantías donde no las había", ya que unos nueve países ni siquiera tenían un límite de internamiento de los inmigrantes y era conveniente adoptar una "política común".
Sobre la situación de España, ha destacado que la retención de extranjeros antes de su expulsión está contenida "en una
legislación muy garantista
", que es "eficaz", y sus procedimientos están "todos judicializados" en las "mejores condiciones".
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