De los cuatro últimos que han declarado ante la juez, el ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria Valle Romano, Luis Fernando Linares, tiene un plazo de 72 horas para abonar 500.000 euros, mientras que en el caso de dos abogados relacionados con dicha empresa, Armando Pérez y Daniel Delgado, la fianza asciende a 100.000 euros, según han informado a Efe fuentes judiciales.

A los tres se les acusa de fraude y malversación y a los dos abogados también se les imputa un presunto tráfico de influencias.

Por su parte, Enrique González, el empresario que gestionó la campaña publicitaria del PSOE en las últimas elecciones municipales en Estepona, ha quedado en libertad provisional sin fianza acusado de tráfico de influencias y deberá comparecer en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.

Entre los que han declarado desde ayer ante el juez está el presidente del Grupo Prasa, José Romero, que se encuentra ya en libertad bajo fianza de 300.000 euros, y que ha reanudado su actividad "con total normalidad" tras prestar declaración.

A él se ha referido la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, quien ha confiado en que su detención no afecte a ninguno de los proyectos que la constructora cordobesa tiene planteados en la ciudad.

Jornada maratoniana de declaraciones

La juez instructora ha proseguido durante todo el día con la toma de declaración a varios empresarios, mientras ya han acabado los registros del Ayuntamiento.

Ha puesto también en libertad a Ana María Crespo, hermana del edil del PES José Ignacio Crespo, y a J. L. C. A, que debe abonar una fianza de 30.000 euros.

Ha dictado libertad provisional sin fianza, pero con cargos, para el jefe del Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, Andrés Flores, y para M.C.H..

En las próximas horas comparecerán en el juzgado otros dos empresarios locales detenidos, Vicente y Félix Delgado, propietarios de la constructora Codelsa, y el dueño de Agrojardín y constructor José Antonio Bazán, así como el arquitecto municipal Ignacio de la Hoz.

Por otra parte, se ha personado en el juzgado el ex alcalde de Estepona Antonio Caba (PSOE), que estaría ejerciendo como abogado del alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, arrestado el martes en esta operación , que continúa abierta.

Reacciones del Gobierno y TSJA

Sobre el futuro del consistorio de Estepona, al ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha afirmado que el Gobierno no se ha planteado disolver el Ayuntamiento, tal y como hizo con el de Marbella en abril de 2006 tras la operación Malaya , y ha mostrado su deseo de que la justicia "actúe rápido" en este caso.

Preguntado por este caso en el Parlamento andaluz, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, ha propuesto crear un cuerpo de jueces adjunto al alto tribunal que se trasladaría a aquellos juzgados que, al estar inmersos en la investigación de delitos de envergadura como los urbanísticos, se colapsan y "llegan tarde".

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha dicho que la Junta de Andalucía "debería ser mucho más diligente" y evitar casos de corrupción urbanística como el investigado en Estepona. Ha añadido que el alcalde y los concejales implicados deben ser expulsados de sus respectivos partidos políticos.

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