El PSOE de Castilla y León ha dado una semana al Ayuntamiento del municipio segoviano de Sotosalbos para que anule la tramitación de empadronamiento del senador por la Comunidad Javier Maroto, natural de Vitoria y cabeza de lista por Álava en las pasadas elecciones generales, provincia por la que los 'populares' no obtuvieron escaño.

Así lo ha confirmado la vicesecretaria autonómica del PSOE, Virginia Barcones, en declaraciones recogidas por Europa Press, quien ha avanzado que si pasado el plazo de una semana el Consistorio no actúa de oficio para revocar el trámite serán los propios socialistas quienes soliciten su anulación.

"Entendemos la dinámica de los pequeños municipios y por eso hemos ofrecido un plazo para que puedan subsanar esta irregularidad" antes de que el PSOE la denuncie por vía administrativa, ha explicado, aunque confía en que sea el propio Consistorio quien tramite la baja de la solicitud. "Queremos dar un margen al municipio para que actúe de oficio y arregle esta situación porque les han mentido en un lío", ha lamentado la vicesecretaria autonómica.

Barcones, que considera "público y notorio" que Maroto no vive en la localidad segoviana de 113 habitantes en la que se ha empadronado, ha recordado que "la legislación es igual para todos" y que la normativa de Castilla y León exige ser ciudadano de la Comunidad para poder ser elegido senador por designación autonómica.

"Él mismo se delató al decir que a partir de ahora le veríamos más por Castilla y León", ha apuntado la vicesecretaria autonómica en referencia a las declaraciones de Maroto tras la votación de este martes, que posibilitó su designación como senador por la Comunidad. "Se sabe en toda España que esta persona no reside en el municipio", ha incidido.

Del mismo modo, ha recordado que el empadronamiento está regulado en un decreto que establece que la residencia habitual será aquella en la que cualquier ciudadano pase más días al año. "Cuando se sospecha que alguien no vive en su municipio de empadronamiento se puede solicitar un documento que acredite el régimen de propiedad o alquiler", ha explicado.

Además, Barcones ha lamentado el mensaje que este tipo de actuaciones traslada a la sociedad, pues, por ejemplo, para ser beneficiario de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía se exige un año de empadronamiento. "Se trata de defender la dignidad de las instituciones y la normativa de la Comunidad, para evitar que se pongan en tela de juicio, porque la ley es igual para todos", ha reiterado.