El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, se ha empadronado "hace poco" en la provincia de Segovia (Castilla y León) para poder ser elegido senador de la Comunidad por designación autonómica, han confirmado desde la formación a 20minutos.

No es el primer caso ni el último. Ya en 1987, por ejemplo, el propio José María Aznar, expresidente de honor del PP y expresidente del Gobierno, fue acusado de empadronarse en la sede de Alianza Popular en Ávila para concurrir a las elecciones de ese año, tras las que fue elegido presidente de la región. La Justicia tumbó la denuncia que puso el Partido Nacionalista de Castilla y León (PANCAL).

Años después, en 2008, la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega (PSOE) hizo lo propio en una propiedad familiar en Beneixida (Valencia). En medio de una batalla judicial de años con el popular Esteban González Pons, aunque por una causa de instromisión ilegítima en honor, la Audiencia de Madrid, sin entrar en el fondo del asunto, dijo que aquello era "irregular" y, además, "notorio" entre políticos.

Las fuentes del PP consultadas han confirmado que Maroto, hoy por hoy, reside habitualmente en Madrid. La Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, de 1985, dice expresamente que "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente". No es posible, en ningún caso, estar empadronado en dos municipios al mismo tiempo.

Falsear los datos del padrón puede conllevar una sanción administrativa, pero las multas no son muy cuantiosas, según consta en la normativa.

La Constitución dice que, además de los que se eligen en las elecciones, las Comunidades Autónomas "designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio". Para tener la condición política de ciudadano de Castilla y León, dice el estatuto autonómico, hay que tener "vecindad administrativa" en cualquiera de sus municipios.

La presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, ha afirmado que Maroto es una persona "muy implicada" con la provincia y la comunidad autónoma.

Se da la circunstancia de que, cuando era alcalde de Vitoria (Euskadi), Maroto inició una campaña para detectar irregularidades en el padrón de la ciudad con el fin acabar con un supuesto fraude con ayudas sociales. Asimismo, propuso pedir tres años de padrón o cinco de cotización para poder percibirlas.