La Manada
Miembros de La Manada. EUROPA PRESS

El Tribunal Supremo ha reforzado la doctrina sobre intimidación y consentimiento en los delitos sexuales con la sentencia de La Manada, un paso que las mujeres juristas aplauden a la vez que exigen con urgencia el cambio de la legislación actual del Código Penal para introducir la violación.

"No existió consentimiento alguno por parte de la víctima, creándose una intimidación que se desprende sin género de dudas del terrible relato de hechos probados", considera el Supremo, un estado de intimidación que la hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad.

En la propia sentencia en la que condena a los cinco miembros de La Manada a 15 años de cárcel por un delito continuado de violación y no por abuso en los Sanfermines de 2016, el alto tribunal reconoce que la catalogación de los delitos contra la libertad sexual del Código Penal de 1995 "ha producido cierta confusión" —en él conviven el abuso y la agresión sexual—.

También recuerda que el Convenio de Estambul obliga a realizar las reformas legales necesarias para tipificar el delito de violación —o agresión sexual— en función del consentimiento de la víctima: "El consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes", fija ese texto ratificado por España.  

La presidenta de la Audiencia de Navarra y coordinadora de género de Jueces y Juezas para la Democracia, Esther Erice, ha explicado que sería conveniente una adecuación de los tipos penales "más accesible, más clara y acorde con el Convenio de Estambul", para aplicar el Código Penal con un menor margen de interpretación.

Erice ha subrayado que los delitos contra la libertad sexual son los tipos más han cambiado desde que se promulgara el Código Penal en 1995 y ha matizado que "cuando un texto legal se modifica reiteradamente" puede perder "sencillez o claridad".

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha mostrado su satisfacción por que el Supremo haya "dado continuidad" a su criterio respecto a la intimidación.

"No va a caber ninguna duda", ha indicado la magistrada en declaraciones a los periodistas tras participar en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, de que siempre se juzgará como violación y no como abuso una agresión que se produzca en un "contexto de intimidación ambiental".

A pesar de este avance en la jurisprudencia del Supremo, Tardón ha considerado que "los delitos de agresiones y abusos sexuales deben cambiar porque permiten calificaciones que no son razonables".

"Si no hay sí, es no"

En este sentido se ha pronunciado también, la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, quien ha defendido que en la reforma del Código Penal se instaure el "consentimiento explícito" y se recupere el delito de violación, quitando el de abuso sexual, de tal manera que "si no hay sí, es no".

En la actualidad, sólo se considera agresión sexual el delito contra la libertad sexual en el que se emplean violencia o intimidación.

Para la directora de la Fundación Mujeres, la abogada Marisa Soleto, los argumentos de la sentencia del Supremo precisamente van en la dirección de destacar "la mala legislación en materia de abuso sexual que tenemos" y "toma partido" en el sentido de que "nunca un silencio se puede interpretar como un consentimiento".

Soleto, que ha recordado que precisamente el caso de La Manada "reveló que había que hacer una revisión de la legislación española, ha coincidido en basar los juicios en la vulneración del consentimiento, "que es la traducción jurídica del sólo sí es sí".  

"Habrá que esperar con los brazos abiertos al nuevo Gobierno para que emprenda esa tarea, por fin con urgencia, dado que además sabemos que tenemos otros casos abiertos", ha concluido.  

Tras la convocatoria de elecciones, este proyecto de reforma del Código Penal quedó a la espera de que se reactive con el Ejecutivo que se constituya y que ya cuenta con el informe de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia.  

Tras siete meses de trabajo, los expertos llegaron al acuerdo de modificar el Código Penal para que todo abuso sexual fuese considerado agresión.