La Comisión Europea propuso ayer que España abandone el procedimiento de déficit excesivo, por el cual la economía del país ha estado supervisada desde 2009, pero también solicitó nuevos ajustes presupuestarios para este mismo año al próximo Gobierno.

El fin de la supervisión europea, propuesto por la Comisión tras la consolidación del déficit de las cuentas públicas españolas por debajo del 3%, tendrá que ser ahora refrendada por los ministros de economía y finanzas de la UE (Ecofin) que se reunirán el día 14 de este mismo mes.

El procedimiento de déficit excesivo exige a los países a los que se le aplica (en este momento, solo a España) la presentación de un plan anual a Bruselas con medidas económicas correctoras para reducir el ritmo de endeudamiento de sus administraciones públicas, con la amenaza de sanciones si no cumplen las recomendaciones de la Comisión.

España fue incluida en este procedimiento en plena crisis junto a casi todos los países de la Unión, que compartían entonces un galopante déficit presupuestario. Desde entonces, el  procedimiento ha marcado la política presupuestaria de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero,  Mariano Rajoy y, finalmente, de Pedro Sánchez.

"(La salida del procedimiento) marca el fin de un camino largo y difícil no solamente para España, sino para toda la UE y la eurozona", ha expresado Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, que ha subrayado que, con el cierre del expediente a España, ya no habrá ningún país con un procedimiento abierto por déficit excesivo.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. En sus recomendaciones de política económica para el próximo año publicadas ayer, la Comisión advirtió de que "existe un riesgo de desviación significativa del ajuste final requerido para 2020" si no se producen "cambios en las políticas fiscales".

De esta forma, Bruselas da un toque de atención al Gobierno de Pedro Sánchez e insta tras "un año de de progreso limitado" a "tomar las medidas necesarias desde este año para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento" de la Unión.

A pesar de que España ha conseguido rebajar su déficit a menos del 3% tras haber llegado situarlo en un  11% en 2009, la deuda pública con respecto al PIB sigue siendo  muy elevada (98,1%).

Para subsanar este problema, la Comisión considera que "un ajuste estructural del 0,65% del PIB, correspondiente a un crecimiento neto máximo del gasto público primario (el que excluye el pago de intereses de la deuda) del 0,9% parece apropiado".

Esto supondría, si se cumplen las previsiones de crecimiento del PIB de la propia Comisón, que el Gobierno debería asumir un ajuste presupuestario de unos 8.000 millones de euros de aquí a final de año.

El envejecimiento de la población está haciendo que el sistema de pensiones español sea cada vez más insostenible. Con una relación cada vez más desequilibrada entre población activa y población pensionista, la reforma del sistema de pensiones se ha vuelto un tema central en cualquier plan económico a medio plazo.

La Comisión ha subrayado que "una continuación de la vinculación de las pensiones y el IPC (como la aprobada pra 2018 y 2019 en el Pacto de Toledo) y el aplazamiento de la aplicación del factor de sostenibilidad (que rebaja las pensiones, vinculándolas a la esperanza de vida) demandará medidas compensatorias que aseguren la sostenibilidad del sistema de pensiones en el medio y largo plazo".

La Comisión advierte de que, a pesar del rápido descenso del paro, el desempleo sigue siendo muy alto y pone además el foco en el "alto grado de segmentación del mercado de trabajo entre contratos temporales e indefinidos" lo que impide un mayor crecimiento de la productividad.

Para subsanar esta circunstancia, Bruselas recomienda al próximo Gobierno "simplificar el sistema de incentivos a la contratación".

En la actualidad, las empresas cuentan con bonificaciones económicas para hacer contratos indefinidos a trabajadores de ciertos grupos como  discapacitados, mayores de 45 años, jóvenes de menos de 25 años o víctimas de violencia de género.

La CEOE reclamó que el sistema fuera "de fácil aplicación y accesible para todas las empresas" en un documento publicado antes de las elecciones del 28 de abril.

Los altos niveles de pobreza y exclusión social, consecuencia de más de una década de crisis económica en España, también fueron señalados como una asignatura pendiente en las recomendaciones de la Comisión. Bruselas recuerda que las prestaciones sociales "para reducir la pobreza se mantienen entre las más bajas de la Unión, especialmente para los niños".

La Comisión llama a "asegurar que los servicios sociales tengan la capacidad para proporcionar una asistencia efectiva" y a "mejorar el apoyo a las familias".

Mientras que España abandonará previsiblemente el procedimiento de déficit excesivo este mismo mes, Italia podría tomar el camino inverso y pasar a ser supervisada, según ha recomendado igualmente la Comisión este miércoles.

La Comsión abrío el procedimiento para sancionar a Italia por no haber adoptado medidas suficientes para reducir su deuda pública, que supera el 130% del PIB y seguirá creciendo en los próximos años, en un paso que abre la puerta a una multa de unos 3.500 millones de euros.

En la anterior ocasión que la comisión activo este procedimiento, a finales de 2018, Bruselas lo canceló finalmente después de que Roma cediese y enmendase su presupuesto para este año y lo adecuara a las reglas fiscales europeas.

La deuda pública italiana cerró el año pasado en el 132,2% del PIB y crecerá hasta el 133,7% este año y al 135,2% en 2020, según las últimas previsiones de la institución comunitaria.

A través de una carta enviada por la Comisión al Gobierno Italiano, Bruselas ha reclamado este miércoles que realice unos recortes presupuestarios de entre 3.000 y 4.000 millones de euros para evitar ser sancionado.