La defensa del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido en pleno juicio del procés la libertad de su cliente amparándose en el informe emitido por un grupo de trabajo de la ONU que ha calificado de "arbitraria" la prisión preventiva de este acusado, así como de Oriol Junqueras y Jordi Sànchez.

Ha sido nada más comenzar la sesión de la tarde cuando el letrado de Cuixart, Benet Salellas, ha tomado la palabra para justificar la petición de libertad de su defendido en base al informe en el que, a su juicio, "se constata la vulneración de hasta 11 artículos distintos de los textos internacionales".

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha solicitado que formule su solicitud por escrito para que la Sala lo tramite según el procedimiento oportuno, a lo que el letrado ha anunciado que lo presentarán esta misma tarde antes de que finalice la sesión.

El dictamen del informe ha sido emitido por un grupo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En él considera que la prisión provisional de los tres acusados del procés vulnera los derechos humanos, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar su situación "sin dilación", y considera que el "remedio adecuado" sería ponerles "en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación".

Al mismo tiempo, insta al Gobierno a que ponga en marcha una "investigación exhaustiva e independiente" de las circunstancias en torno a la "privación arbitraria" de la libertad de los imputados y que "adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos".

En su documento, el grupo solicita al Gobierno que le proporcione "información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas" en el texto.

El organismo pregunta en qué fecha se pondrá en libertad a Cuixart, Sánchez y Junqueras; qué indemnizaciones u otras reparaciones se concederán a los afectados y si se ha investigado la violación de los derechos de los tres políticos.

El grupo invita al Gobierno a que le informe de las dificultades que puede haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas y que le indique si necesita asistencia técnica adicional, como puede ser con una visita del grupo de trabajo.

Pide al Ejecutivo que le proporcione la información solicitada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de este dictamen, aunque afirma que se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso.

En su documento, se recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas "arbitrariamente de libertad".