El portavoz de Ustec-stes (IAC), el sindicato mayoritario de maestros de Cataluña, ha admitido este martes al tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña que la iniciativa Escolas Obertas (Escuelas Abiertas) se creó para ocupar los centros de votación y así facilitar la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. También ha reconocido que no tenían autorización de los colegios para hacerlo.

Ramón Font, que ha declarado como testigo a petición de la defensa del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha roto así con la versión que se ha ido dando en el juicio del procés en estos tres meses, según la cual es muy habitual en Cataluña que los fines de semana se organicen actividades.

El fiscal Jaime Moreno ha preguntado al testigo si en la presentación de la iniciativa Escolas Obertas, el 27 de septiembre, el lema que se lanzó fue 'El domingo abriremos las escuelas para el referéndum'. "Seguramente, esa era la idea", ha respondido sin titubear.

"La razón de ser era abrir los colegios. Ejercimos nuestro derecho a la autodeterminación y manifestación pacífica y no violenta. Hicimos conciertos, bailes, debates...", ha apuntado Font en la ronda de preguntas del abogado de Cuixart, Benet Salellas, tras lo cual también ha reconocido que la iniciativa se creó precisamente porque la justicia había prohibido el referéndum. "Si hubiéramos podido ejercer el derecho de autodeterminación, no habríamos tenido necesidad de mantener abiertas las escuelas", ha añadido.

Eso sí, ha afirmado que Cuixart no participó en esa presentación, aunque no ha negado que hiciera algún llamamiento a participar en las actividades de los colegios. "Recuerdo a mucha gente diciendo eso. La sociedad civil estaba organizada. Si tuviésemos que decir una lista de todos que dijeron eso, de aquí no salimos", ha apuntado Font.

La declaración de este testigo ha estado plagada de interrupciones por parte del presidente del tribunal, Manuel Marchena, ante las valoraciones que Font ha querido introducir sobre el derecho de autodeterminación, la convocatoria de referéndum, la resistencia de los ciudadanos ante la intervención policial el 1-O o los registros el 20 de septiembre en sedes de la Generalitat.

El mayor 'rifirrafe' se ha producido cuando le tocaba preguntar a la abogada del Estado Rosa María Seoane, quien ha querido saber si Escolas Obertas se dirigió a los titulares de los centros para poder ocuparlos. El testigo no ha estado de acuerdo con la utilización de este verbo, lo que ha provocado que Marchena haya tenido que reformular la pregunta.

Sin embargo, Font no terminaba de contestar a lo que se le había cuestionado, lo que ha hecho que Marchena perdiera la paciencia: "Esto tiene consecuencias legales si usted nos hace perder el tiempo". Así, Seoane ha vuelto ha hacer la pregunta y ha pedido al testigo que utilizara un monosílabo para contestar. "No. Nosotros frecuentemente, en multitud de actividades, abrimos los centros sin permiso", ha dicho por fin.

Por la tarde, la subdirectora de gestión económica del departamento de Justicia, Montserrat Mintró, ha señalado que de la Consellería de Carles Mundó no salió ningún gasto para el 1-O. Asimismo, ha explicado que había órdenes expresas del conseller de no contratar con Unipost, y que, en cualquier caso, desde mediados de septiembre hasta el 19 de octubre, las cuentas estaban bloqueadas.

El 6 de septiembre de 2017 el Govern firmó un acuerdo de gasto solidario para el 1-O, si bien, según Mintró, un proceso contractual dura como mínimo cuatro meses y por él pasan muchos intermediarios, con trámites que quedan registrados.

También han testificado dos antiguos compañeros de Forcadell en la Mesa del Parlament (Lluis Corominas y Anna Simó), quien han insistido en que la admisión a trámite de iniciativas legislativas como las denominadas leyes de desconexión se guía por criterios formales, y que la cámara debe "amparar" la participación y no limitarla.

No han faltado tampoco votantes del 1-O, que han denunciado que los agentes les "arrastraron" sin "mediar palabra" y "de malas maneras" pese a su actitud pacífica. "Había voluntad de hacer daño", ha dicho una; "Yo fui a dar una opinión limpia y clara, nada más", ha comentado otra.

Entre los votantes han estado el alcalde de Callús (Barcelona), Joan Badia, que intentó mediar sin éxito con un guardia civil, y el concejal de San Joan de Vilatorrada (Barcelona), Jordi Pesarrodona, que se manifestó el 20-S con una nariz de payaso: "Mi protesta fue simbólica".