La sala II del Tribunal Supremo ha fijado para el 21 de junio una vista pública en la que iniciar las deliberaciones sobre los recursos de casación contra la sentencia del TSJ de Navarra, que confirmó las condenas a nueve años de prisión por "abusos sexuales" para los cinco miembros de La Manada.

El tribunal que examinará el caso estará presidido por el magistrado Andrés Martínez Arriega e integrado, además, por Francisco Monterde, Ana Ferrer, Vicente Magro y Susana Polo, que actuará de ponente .

La sentencia por "abusos sexuales" con prevalimiento ha sido recurrida al Supremo tanto por la Fiscalía, como por la víctima, los cinco condenados y las acusaciones populares: la Comunidad foral de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.

Fuentes del Supremo explicaron hace unos días, en el primer aniversario de la sentencia, que la audiencia pública supone que podrá haber presencia de público general en la sala en la que se escuchará a los representantes de las partes, en ausencia de los condenados y la víctima. El tribunal podría hacer público el fallo definitivo ese día o darlo a conocer en sentencia escrita, horas o días después.

La decisión a la que se enfrenta el Tribunal Supremo implica determinar si lo ocurrido en los Sanfermines de 2016 merece la absolución de los condenados que pide la defensa de La Manada, la ratificación de las condenas a 9 años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento del TSJ de Navarra, y también de la Audiencia de Navarra, o si cabe considerar el delito de agresión sexual, tal y como han pedido la Fiscalía del Tribunal Supremo, la víctima y las acusaciones populares.

La cuestión fundamental será dirimir si hubo intimidación o prevalimiento suficiente para anular a la víctima por parte de los cinco jóvenes en el portal de Pamplona.

El abogado de los cinco condenados de La Manada, Agustín Martinez Becerra, se ha felicitado este martes de la celeridad con la que se ha fijado fecha para la vista en el Tribunal Supremo, a siete meses de la sentencia del TSJN, comunicada en diciembre de 2018. "Es una buena noticia que que en solo siete meses haya una resolución y que sea en vista pública para mayor transparencia y publicidad", ha asegurado.