El servicio de atención domiciliaria de Sant Joan de Déu y Cáritas ha formado a 665 personas entre 2012 y 2018

  • Entre las 665 han trabajado 228, según una encuesta realizada a 350 personas formadas.
  • El perfil del alumno son mujeres de más de 40 años nacidas en Latino América. 
  • El 50% de los alumnos asisten a la formación sin regularización. 
  • Exigen a las administraciones "políticas activas del S.XXI, flexibles y adaptables".
Miembros de Cáritas y de la Fundación Atención a la Dependencia de Sant Joan de Déu.
Miembros de Cáritas y de la Fundación Atención a la Dependencia de Sant Joan de Déu.
Mireia Lluesma
Miembros de Cáritas y de la Fundación Atención a la Dependencia de Sant Joan de Déu.

En los últimos seis años el servicio de atención domiciliaria de la Fundación Atención a la Dependencia Sant Joan de Déu y Cáritas ha formado a 665 personas con los diferentes cursos de formación.

El objetivo del proyecto es formar y relacionar a las personas en riesgo de exclusión social que quieren dedicarse a cuidar una persona a domicilio de forma profesional, con las familias que lo necesitan. Para ofrecer una atención integral, individualizada y especializada a las personas dependientes.

En la rueda de prensa de este martes 30 convocada por Cáritas Diocesana Barcelona y por la Fundación Atención a la Dependencia de Sant Joan de Déu, Ana Pérez, directora de la Fundación y Desiré Garcia, Jefa de Formación e Inserción Laboral de Cáritas han presentado los resultados del servicio de atención domiciliaria de la FAD de Sant Joan de Déu, que cuenta con el apoyo de Cáritas.

Según García uno de los objetivos del servicio de atención domiciliaria es fomentar la inclusión en el mercado laboral de las personas en situación de exclusión social y promover la igualdad de oportunidades.

Las 665 personas formadas entre 2012 y 2018 las entidades han contactado con 350, y de estas 228 han conseguido trabajar en el sector del cuidado mayoritariamente con contrato.

Se debe tener en cuenta que el 50% o más de los alumnos que se presentan a las formaciones no tienen la regularización y por tanto no pueden obtener un contrato laboral. "Pero a los 3 años de estar en España y si se cumplen con los requisitos, la situación cambia y se permite algunos contratos", ha dicho Ana Pérez.

En el inicio de la encuesta 111 personas estaban en situación administrativa irregular. Pero en julio de 2018, el 47% de las mujeres (39) y el 61% de los hombres (19) habían conseguido el permiso de trabajo.

De las 228, 192 personas trabajan con el permiso laboral y 36 sin el permiso, normalmente en familias sin ningún tipo de contrato laboral y con una economía sumergida. Las personas que trabajan sin contrato son un 10% del total que han conseguido la inserción laboral.

El 81% son mujeres y el 19% son hombres y la franja de edad se sitúa entre 31 y 50 años.

Durante el período de estos seis años ha trabajado un 65% de las 350 de la encuesta, pero las entidades han afirmado que actualmente son 140 personas trabajando en la Fundación y atienden a 700 personas aproximadamente.

Cursos formativos

El proyecto propone diferentes itinerarios formativos para los cuidadores profesionales. El primero es el curso para el certificado de profesionalidad de atención a domicilio a personas dependientes. El curso es de 600 horas, es el más extenso y no se permite cursar a las personas que no están regularizadas.

El perfil de este curso son mujeres de 46 años de edad media, residentes de Barcelona. Nacidas un 50% en España y 50% en Latino América. Normalmente tienen un nivel de estudios básicos no homologados y están en el paro.

También proponen los cursos de título propio de 300 horas, 75 horas o monográficos de temas más concretos de 20 horas.

En este caso el perfil es de mujeres de 40-44 años, nacidas en Latino América, la gran mayoría en Honduras, Bolivia o Venezuela, con una situación administrativa irregular.

Y con una situación laboral desocupada o activa ocupada ( economía sumergida). Por lo tanto en este caso, sí que se permite la formación a personas sin regularizar pero sin la opción a obtener un contrato.

Finalmente por parte de Cáritas han reivindicado que los gobiernos deberían generar una "políticas adaptadas al S.XXI". Desiré Garcia, Jefa de Formación e Inserción Laboral de Cáritas, ha afirmado que siempre son las mismas personas las que se quedan fuera del mercado laboral, porque no tienen los recursos para acceder a la formación.

Ha añadido que "se necesita una política migratoria clara, real y garantizar un futuro e igualdad para que todos podamos tener las mismas oportunidades".

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