El primer Consejo de Ministros de la campaña electoral ha traído este viernes más plazas de jueces y fiscales y un refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, un nuevo reparto de fondos contra la violencia de género y más recursos para un plan de ayudas a las pymes en forma de decretos leyes, acuerdos y hasta una estrategia para la modernización de la justicia que incide en un suceso de rabiosa actualidad, las agresiones a ancianos por parte de sus cuidadores destapados este jueves en una residencia de la tercera edad.

En total, la reunión semanal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus ministros ha dado luz verde a una partida conjunta de más de 1.000 millones de euros, que también se destinarán a fomentar el empleo en comarcas mineras tras el cierre de las minas o a mejorar la comunicación de los militares en misiones en el exterior con sus familias.

Tras pegar anoche sus carteles electorales, los partidos políticos han entrado este viernes plenamente en una campaña en la que la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha puesto mucho cuidado en no entrar, tal y como le prohíbe hacer la ley electoral. Ha evitado entrar en polémicas como la de la agencia de viajes ficticia que ha creado el PP para denunciar el uso del avión oficial por parte del presidente del Gobierno, de la misma manera que no ha querido entrar en la decisión de los partidos de acudir a un debate electoral o a otro, más allá de apuntar que hay "bastante reflexión pendiente" sobre este tema.

Pero una cosa son las formas y otra, el fondo. El Gobierno seguirá trabajando con normalidad hasta que entre en funciones, el día después de las generales del 28-A, y hasta entonces aún quedan dos Consejos de Ministros más, el próximo miércoles, 17 de abril, que se adelanta para no coincidir con el Viernes Santo, y el 26 de abril, dos días antes de los comicios.

El de este viernes ha sido el primero de los tres que caerán en campaña pero no por eso el Gobierno ha dejado de aprobar medidas de carácter social, con efectos en el empleo o dirigidas a cuestiones que preocupan a los ciudadanos como la violencia de género o la corrupción.

Así, ha dado luz verde a un paquete de ayudas para pequeñas y medianas empresas (PYMES) de 455,5 millones de euros que contempla inversiones en tecnológicas, ayudas a la internacionalización y a la eficiencia energética. De esa cantidad, 98,5 millones serán líneas de financiación para empresas tecnológicas y jóvenes emprendedores de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y otros 50 millones provendrá del Fondo para la Internacionalización (FIEM). Se suma un programa de ayudas a la eficiencia energética de 307 millones apoyado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

Asimismo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha llevado al Consejo de Ministros sendos decretos para crear 75 nuevas unidades judiciales, 53 unipersonales y 22 nuevas plazas en órganos colegiados, y 80 plazas de fiscales, nueve de las cuales serán para reforzar la Fiscalía Anticorrupción.

"Hay una parte muy importante de lucha contra la corrupción", ha señalado Delgado, que ha explicado que algunas de las nuevas unidades judiciales irán a juzgados que tienen jueces de refuerzo durante más de tres años. En concreto, ha explicado que se pondrán en funcionamiento dos juzgado que se crearon en Valencia en 2011 e inactivos todavía "porque no hubo voluntad desde su constitución", y también se ha reforzado la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valenciana.

Además, Delgado ha aludido al "terrible documento gráfico" que este jueves daba a conocer agresiones a ancianos en la residencia Los Nogales para justificar que entre las nuevas plazas de fiscales se ha constituido un fiscal de sala coordinador para casos relacionados con personas mayores y discapacitados en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno también ha dado en la reunión de este viernes al reparto por comunidades de 100 millones para luchar contra la violencia de género, según figura en el Pacto de Estado y de acuerdo con una Conferencia Sectorial de Igualdad de la que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dio cuenta la semana pasada. Según lo acordado el verano del año pasado, las ayudas se distribuirán en función de criterios tales como insularidad, región fronteriza, mayores de 65 años, condición de extranjeras o discapacitadas o con trabajos temporales o paradas.

Aunque la norma data de 2007, el Gobierno ha elegido también este viernes para alumbrar un real decreto para la regulación de las "unidades de igualdad" en la Administración General del Estado, los organismos que en el sector público deben coordinar y evaluar los planes de igualdad entre hombre y mujeres. "Sobra pedir planes de igualdad a las empresas privadas si laAdministración General del Estado no da ejemplo", ha señalado Celáa en referencia al real decreto-ley de medidas de igualdad en el ámbito laboral de las empresas privadas, que hace más de un mes adelantó al sector público.

En el ámbito laboral, el Gobierno ha tenido también en cuenta a dos colectivos, los habitantes de comarcas mineras y a los militares, para intentar mejorar sus condiciones. Empleará un presupuesto estimado en 29 millones para asegurar las comunicaciones entre el personal militar desplegado en misiones terrestres y marítimas "para que puedan comunicarse en el exterior más fácilmente y con más garantías con sus familiares", ha explicado la portavoz.

Por otra parte, el Gobierno destinará 20 millones de euros en ayudas para la restauración ambiental de las zonas con minas clausuradas que, según ha indicado la ministra de Industria, Reyes Maroto, que ayudarán a "fomentar la creación de empleo" en estas zonas.