Los problemas de la vivienda en España, sobre todo para los jóvenes, pasan en los últimos años por la subida imparable en el precio de los alquileres. Esta burbuja, sobre todo en las grandes ciudades, propició que el año pasado se alquilara un 39% menos con respecto al año anterior. Y cuando se alquila, la relación entre propietarios e inquilinos puede ser tormentosa y no llegar a buen puerto, de ahí el crecimiento del número de desahucios por alquiler... y de la morosidad.

Este problema se ve reflejado en el informe anual que la firma especializada Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) presentó este jueves sobre los impagos de alquileres entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Según sus datos, índice de morosidad se incrementó un 5,7% en 2018, hasta elevar la deuda media que los inquilinos mantienen con sus caseros a 6.186 euros, la cantidad más alta desde 2015, el año en que comenzó a dispararse el alquiler en España.

El crecimiento de los adeudos no es uniforme en todo el país. Murcia es la comunidad con mayor aumento en la morosidad —es un 16,2% superior al año pasado—, seguida por Canarias (+12,3%), Navarra (+10,6%) y Andalucía (+10,4%). Eso, en porcentaje. En términos absolutos, el volumen medio de la deuda alcanza un pico en Madrid (9.767 euros), seguido por Baleares (8,571), País Vasco (7.088) y Cataluña (6.859).

"Ante la subida de las rentas, cualquier gasto inesperado provoca dificultades para hacer frente a los gastos relacionados con el alquiler y el número de impagos se incrementa", dice Sergio Cardona, director de Estudios de FIM, una empresa que elabora sus informes desde hace 11 años con datos proporcionado por los arrendadores y gestores de alquileres, así como de las sentencias por desahucios que recopila el Consejo General del Poder Judicial.

Para Cardona, el crecimiento de la morosidad está "directamente relacionado" con el incremento de los precios del alquiler. E identifica como uno de los principales problemas a la hora de no poder afrontar el gasto del alquiler, que los salarios no crezcan en función del precio de la vivienda. Algo que, dice este experto, provoca "gran inestabilidad" y en mayor medida en los menores de 30 años. El INE, de hecho, refleja en su último Índice de Precios del Trabajo que los sueldos siguieron depreciándose durante la recuperación (-1,6% en 2016) pese a que el alquiler, según Idealista, creció un 18,4% en 2017 y un 9,7% el año pasado.

Su análisis es compartido por Beatriz Toribio. La responsable de Estudios de Fotocasa apunta a 20minutos que las dificultades para acceder a la vivienda y el "repunte de los precios" son las principales causas del aumento de la morosidad. Toribio matiza en cualquier caso que los precios del arrendamiento se están estabilizando" respecto a años anteriores —"salvo en Madrid y Barcelona donde continúan en alza"—, confía en que exista un "mayor control en los precios" para que la estabilización llegue a toda España, además de actuar sobre la "oferta en la vivienda".

Muchos inquilinos, sin embargo, no tienen capacidad para esperar a la estabilización del mercado del alquiler. Los problemas para afrontar el alquiler los tienen encima. Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), defiende actuar ya sobre la conformación de precios en el mercado. "Los grandes propietarios no pueden especular a sus anchas, abocan a mercantilizar la sociedad y dejar de lado los derechos fundamentales de las personas", dice.

Delgado explica que aún existen familias "con problemas graves para poder asumir los costes de los alquileres", por lo que considera necesario que la banca ayude a estas personas con problemas de acceso a un techo "cediendo sus viviendas vacías" a los ayuntamientos". "Los grandes propietarios no pueden mirar hacia otro lado mientras exista una emergencia habitacional tan grande", comenta Delgado; "y los políticos no deben anteponer los intereses económicos a las familias en situaciones vulnerables".

Las empresas del sector opinan todo lo contrario a la PAH. Para ellos, la convalidación de este miércoles en el Congreso del decreto con nueva normativa sobre el alquiler puede provocar una nueva burbuja de precios.

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) alerta de que puede empujar a los propietarios a no poner su piso en alquiler, por lo que se reduciría la oferta en el mercado y, como consecuencia, subirían los precios. "Las nuevas regulaciones que afectan al alquiler están provocando inseguridad entre los propietarios de inmuebles en alquiler, que ven limitadas las garantías que pueden exigir al inquilino", coincide Cardona.