La desaceleración de la economía española, en paralelo a la que experimenta el resto de las economías de la zona euro, ha tenido este viernes su reflejo en las cifras oficiales de cierre de 2018 ofrecidas por el INE y por el Banco de España.

Según Estadística, el país aumentó un 2,6% su PIB anual, un porcentaje que, si bien supera ampliamente el del resto de las grandes economías vecinas, es cuatro décimas inferior al de 2017 y el más modesto desde que España empezó a asomar la cabeza tras la Gran Crisis, allá por 2014. Por encontrar una arista positiva, cabe mencionar que el último trimestre del año mostró un avance (0,6%) que eleva en una décima el del trimestre previo.

La caída del ritmo de crecimiento no se ha debido tanto a un frenazo del consumo de los españoles —la aportación de la demanda nacional es de 2,9 puntos, similar a la de 2017— sino a que el sector externo ha aportado menos que en otros años por el contexto de incertidumbre que provoca el proteccionismo de países como Estados Unidos o el impacto del bréxit en la UE: la demanda externa, en este caso, ha restado tres décimas al avance del PIB, de ahí la caída general al 2,6%.

Por otro lado, el tijeretazo que España había propinado al déficit público en los últimos años ha visto ralentizar también su intensidad. Si en 2017 se redujo el desajuste presupuestario del 4,3% al 3,1% del PIB —unos 13.000 millones menos de agujero— este año apenas se ha aliviado el déficit en cinco décimas, es decir, unos 6.000 millones de euros. El desfase, según se infiere en las cuentas del INE, se quedó a finales del año pasado en el 2,6% del PIB.

Si bien es cierto que la cifra queda por debajo del 3% que marca la Unión Europea como máximo permitido a sus miembros —España saldrá por fin del procedimiento de escrutinio del Ejecutivo comunitario— no es menos verdad que el recorte es más modesto del que proponía el Gobierno de Mariano Rajoy (2,2%) para finales de este año. Aquel objetivo fue aliviado por Pedro Sánchez cuando llegó al poder en junio, hasta el 2,7%. Al final, ha sido incluso una décima inferior.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas se queda ahora en 31.805 millones de euros, unos cuatro mil millones menos que el año pasado. Es una cantidad que se financia con deuda pública, uno de los problemas más importantes que ahora padece la economía española. El elevado endeudamiento de os organismos públicos, superior al billón de euros, no logra reducirse por la acumulación de déficits consecutivos desde que el país cayó en crisis allá por 2007.

Precisamente este viernes el Banco de España ha informado de que la deuda se elevó al cierre de año a su máximo histórico: el país debe 1,174 billones de euros a sus acreedores. Esto supone un 97,2% del PIB, es decir, un punto menos que hace un años... pero un empeoramiento de tres décimas respecto del objetivo que se había marcado el Gobierno (96,9%).

La revisión de las pensiones al 1,6% —en línea con la inflación prevista para este año— y la aprobación de los últimos decretos —como la ampliación del permiso paternidad— en los llamado 'viernes sociales', pone además en duda el cumplimiento del próximo objetivo de déficit que, para 2019, se reduce al 1,3%.

Para llegar a esta cifra, el Gobierno debería realizar un ajuste de unos 15.000 millones de euros, una tarea harto complicada si no es con un duro ajuste impositivo o un tijeretazo al gasto público, algo que no se intuye posible en un ejercicio como 2019, en el que concurren comicios generales, municipales, regionales y europeos.... y los representantes políticos no tienen precisamente incentivos para tomar medidas poco atractivas para el electorado.

Además, la caída del Plan Presupuestario presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluía una senda de reducción del déficit menos intensa —hasta el 1,8%— y subidas impositivas para compensar el aumento de gasto social—al diésel, a las transacciones financieras o a las rentas altas— complica aún más la tarea de reducir el agujero presupuestario. Y es que los gastos están comprometidos ya... pero no así los ingresos que ayudarían a afrontarlos.

El Ejecutivo socialista ha advertido que la no aprobación de los Presupuestos de 2019 elevaría el déficit este año hasta el 2,3% o 2,4% del PIB, es decir, una reducción de solo un par de décimas, por lo que el próximo Gobierno resultante de las elecciones del 28-A debería acometer ese ajuste de esos 15.000 millones... o incumplir el compromiso pactado con Bruselas, algo que no ha sucedido en los tres últimos ejercicios.

"Algunos de los datos conocidos son muy preocupantes", lamenta Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT. La tasa de crecimiento del empleo el año pasado fue del 2,6%, lo que supone la creación en un año de 469.000 puestos de trabajo a tiempo completo, pero el empleo que se crea "es precario" y "se desploma la actividad en las ramas industriales del 4,9% al 1,3%", explica Pino.

"Es algo, sin duda, muy negativo, porque en la industria se encuentra la base productiva más estable de un país, la que sirve de motor del avance tecnológico y la que genera empleo de mayor calidad", argumentan en UGT, que considera que el crecimiento no está generando el tipo de empleo que nuestro país necesita, ni se están repartiendo los frutos del mismo de manera equitativa.