La duodécima sesión del juicio a la cúpula del 'procés' ha arrancado pocos minutos después de las 9.30 horas con la reanudación del testimonio del coronel Diego Pérez de los Cobos, a quien tomará el relevo la secretaria judicial que tuvo que salir por la azotea de la consellería de Economía el 20-S.

Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, han interrogado en el juicio por el 1-O al coordinador del dispositivo policial, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, tratando de hacer aflorar contradicciones.

El testigo ha insistido en que "la convivencia ciudadana en un Estado de Derecho no es posible fuera del respeto a la ley" y ha rechazado haber dicho en una anterior declaración que era más importante el mantenimiento del orden que la convivencia ciudadana.

El tribunal ha permitido en este punto que se escuchara un fragmento del audio de la declaración del testigo en búsqueda de una posible contradicción sobre una afirmación anterior relacionada con la convivencia ciudadana y el cumplimiento de la ley. Tras escuchar el audio, las dos frases pronunciadas por Pérez de los Cobos resultan bastante parecidas.

En esta duodécima sesión del juicio han preguntado las defensas a Pérez de los Cobos conscientes de que su testimonio es esencial para que el tribunal pueda valorar si hubo violencia durante la celebración del 1-O.

Pérez de los Cobos, que declara como testigo por segundo día, ha afirmado este miércoles que en el desalojo y cierre de los locales de votación hubo "resistencia pasiva" durante el 1 de octubre, pero también, "en la mayoría de los casos", esa resistencia fue "activa".

El letrado que representa a Junqueras le ha preguntado por si los responsables de los Mossos le habían transmitido una evaluación del número de personas que podrían acudir a votar para decidir el tamaño del dispositivo. "El mayor Trapero habló de que podría haber dos millones de personas. Pero más importante que el número de personas era la actitud de esta gente y la del cuerpo encargado de impedir la votación", ha asegurado Pérez de los Cobos.

Asimismo, Van den Eynde se ha interesado por saber el motivo de que los planes de actuación detallados de Policía y Guardia Civil no fueran entregados a la autoridad judicial, a lo que el testigo ha respondido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no los exigió.

Repreguntado por si insiste en afirmar que no hubo cargas policiales en los colegios, el testigo se ha reafirmado en su tesis y ha aclarado que "una carga policial, desde el punto de vista técnico policial, es una actuación contundente para disolver una manifestación o para desalojar un espacio. En este sentido, yo creo que ese día no se disolvió ninguna manifestación ni se provocó ningún desalojo", ha reiterado.

Las palabras del coordinador del dispositivo policial no han gustarado a Jordi Pina, abogado de Sánchez, Rull y Turull, que ha vuelto a preguntar extrañado si de verdad "no hubo ninguna carga" y le ha recordado al testigo que de no responder la verdad incurriría en un delito de falso testimonio. En este punto, el juez Marchena ha interrumpido al letrado: "No intentemos, como no le guste una respuesta, advertir al testigo de que puede convertirse en un delincuente. El testigo ya ha sido advertido de que tiene que decir la verdad".

Pina le ha preguntado entonces si durante las intervenciones policiales los agentes golpearon a las personas allí presentes en los miembros superiores o en la cabeza. "Hubo multitud de intervenciones y entre ellas yo creo que hubo actuaciones con medios policiales que afectaron a distintas partes del cuerpo de individuos que estaban intentando impedir el acceso o salida de las unidades policiales", ha explicado el testigo.

En cualquier caso y en respuesta a uno de los abogados de Jordi Cuixart, De los Cobos ha puntualizado que las intervenciones corrieron a cargo de "unidades muy duchas en manifestaciones y altercados de orden público, muy acostumbradas a intervenciones de este tipo y que actúan con los criterios de actuación que recoge nuestra normativa".

Ha insistido en que en la "mayoría" de los colegios donde se intervino "hubo una actitud hostil y personas parapetadas en actitud de agresión hacia nuestra fuerza. Pero en otros, el grado de agresividad y hostilidad fue tan elevado que aconsejó abortar la intervención". Más delante ha asegurado que "no se actuó a cualquier precio", y en los casos en que la resistencia era extrema se renunció a intervenir.