La Guardia Civil vincula a Quim Torra con la hoja de ruta unilateral a la independencia, al alertar al juez del 1-O, a partir de la documentación intervenida al exsenador de ERC Santi Vidal, que cuando en 2016 aún no era presidente de la Generalitat abogó por crear una "tormenta política perfecta".

Así lo sostiene la Guardia Civil en un informe, remitido al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, en que analiza los archivos decomisados al exsenador de ERC Santi Vidal, de quien concluye que en sus conferencias sobre el procés no "fanfarroneaba", ya que la Generalitat desarrollaba 19 estructuras de Estado para activarlas al día siguiente del 1-O.

Entre los documentos que la Guardia Civil intervino a Vidal figura una imagen publicitaria del acto de presentación, el 24 de marzo de 2016, del libro "Els últims 100 metres" (Los últimos cien metros), escrito por Torra, cuando aún no era presidente catalán. A través de este documento, la Guardia Civil localizó en Youtube un vídeo correspondiente a la presentación de este libro de Torra, en este caso el 29 de abril de 2016 en Valls (Tarragona).

Según la Guardia Civil, en aquel acto, celebrado cuando Carles Puigdemont iniciaba su mandato -en el que JxSí había prometido la independencia en 18 meses-, Torra, que entonces no ostentaba cargo público alguno, habló especialmente del proceso independentista, reconociendo la creación "a escondidas" (literalmente decía "por debajo de la mesa") de Estructuras de Estado.

En la conferencia, que aún se puede ver en Youtube, Torra lanzaba un mensaje optimista a la audiencia: "En todas las consellerías se ha hecho un chequeo de las cosas que se tienen que hacer y de las leyes que se deben cambiar. ¿Que esto no es vistoso? Esto no es vistoso. ¿Que se está haciendo por debajo de la mesa? Se está haciendo por debajo de la mesa. ¿Que esto tenemos que decir que interpretamos que está dentro del Estatut? Lo tenemos que decir así porque todavía estamos bajo legislación española".

A partir de este acto, la Guardia Civil sostiene en su informe que Torra abogaba como "elemento necesario" para lograr el éxito de las aspiraciones independentistas la "masiva movilización ciudadana", con la que, junto a otras medidas realizadas, se conseguiría una situación de "tormenta política perfecta" favorable a los independentistas.

Concretamente, en el vídeo de aquel acto de 2016, Torra sostenía que el proceso a la independencia era "pacífico y democrático" y que a escala internacional se exigiría que los independentistas superasen el 50% de los votos. "Tenemos que presentar el 50%, porque, si no, no tendremos el reconocimiento internacional, y esto sería fatal. Si provocamos la tormenta política perfecta en estos 15 meses que quedan -de los 18 inicialmente previstos de legislatura- y pasa todo esto... a dos millones de personas no nos meterán en la cárcel", apuntaba.

Según sostuvo entonces Torra, si se creaba un "escenario gandhiano", con una movilización permanente de dos millones de personas a favor de la independencia, los "amigos de Podemos" no se lo podrían mirar desde su casa y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también se movilizaría.

"Si somos inconstitucionales, ¿cómo lo logramos? Con la gente. Es vital, una pieza clave, la movilización ciudadana. Lo ha sido siempre, pero en este momento todavía lo será más, con una desobediencia cívica y pacífica. Primero protestas, después no cooperas y finalmente, si es necesario, en tercer lugar sustituyes", indicaba.

La Guardia Civil resalta además en su informe que el presentador del acto, Jordi Ferrer, se refirió a Torra no como un "mero espectador" sino como un "actor realmente imprescindible" del procés, acreditando su conocimiento y participación en su avance y desarrollo. En su conferencia, Torra sostuvo en varias ocasiones que el independentismo había desobedecido al Tribunal Constitucional e incluso apuntaba que la declaración de ruptura aprobada el 9 de noviembre de 2015 -cuando Mas aún aspiraba a que la CUP le diera sus votos en la investidura- "de alguna manera" fue la "declaración de independencia".

Los independentistas se plantearon negociar con el Estado la realización de un segundo referéndum si el primero resultaba fallido para ellos, según recoge un reciente informe de la Guardia Civil sobre la documentación incautada al exsenador de ERC Santiago Vidal.

Además, reprochan a Vidal que utilizara el papel con membrete de la Administración de Justicia para imprimir los planes de ruptura de Cataluña con España, mientras era magistrado.

En las conclusiones de este documento, los investigadores resaltan que Santiago Vidal, suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por participar supuestamente en el 'procés', fue uno de los coordinadores de los trabajos para la redacción de una 'constitución' para la que preveían que fuera la futura República catalana.

Entre la documentación en soporte papel que los investigadores encontraron durante el registro practicado en la casa de Santiago Vidal, había un informe del Instituto de Estudios de Autogobierno, suscrito por Carles Viver, Pau Bossacoma y Gerard Martín titulado "Un referéndum acordado sobre la independencia de Cataluña: algunas claves jurídicas para una hipotética negociación política".

En este texto se planteaban las condiciones en las que se tendría que celebrar un referéndum para que fuese "aceptable" para la Generalitat y se abordaban diez cuestiones al respecto: la pregunta, los plazos y la fecha, la compatibilidad del referéndum con la no interrupción del 'procés', el ámbito territorial, las mayorías necesarias, la vinculación jurídica y política, las vías legales de convocatoria, la gestión jurídica y política con mayoría secesionista y la gestión de los resultados sin mayoría secesionista.

Pero, estos jurístas del Instituto de Estudios de Autogobierno de la Generalitat de Cataluña ya contemplaban la posibilidad de que un referéndum pactado con el Estado no les resultara favorable. Y por ello, en este informe contemplaron negociar "con el Estado la posibilidad de reiterar el referéndum en caso de que el que se celebrase resultase fallido para los intereses secesionistas".

También querían que la Generalitat pudiera seguir desarrollando el 'procés' hasta que consiguiera la independencia. Así, según la Guardia Civil, se proponían "realizar actos de preparación y defensa de la secesión aunque no tuviesen valor jurídico ni fuesen efectivos hasta que se declarase la independencia".

El informe del citado Instituto de la Generalitat consideraban que los independentistas tenían que seguir preparando las normas y las estructuras de Estado para evitar que el electorado pudiese percibir la independencia como un objetivo político no realista.

Los investigadores, además, advierten de la "deshonesta ironía" de que Santiago Vidal utilizara medios materiales públicos, propios de su cargo en la administración de justicia, para imprimir documentos en los que se reflejaban "precisamente estrategias y acciones relacionadas con la secesión de Cataluña y la desconexión del Estado español".

La Guardia Civil realiza este comentario tras exponer que "una abundante cantidad" de la documentación que encontraron en casa del exsenador se encontraba "impresa en folios oficiales de la Administración de Justicia con el escudo del Estado español y el logotipo de la Generalitat de Cataluña".

Los investigadores ponen el acento en que el juez Santiago Vidal, que fue suspendido por el CGPJ en febrero de 2015 precisamente por participar en la construcción jurídica del proceso independentista, utilizaba el papel oficial del Estado español cuyas leyes "estaba obligado a cumplir y hacer cumplir en el ejercicio de sus funciones y por las que percibía honorarios públicos".

Además, algunos de los informes que realizó de cara a la construcción de la República catalana, los firmaba como "magistrado y director del programa para el estudio de las instituciones en el ámbito de la Justicia y el poder judicial".

Así lo hacía, por ejemplo, en el libro Blanco de la Justicia 2015, en el que la única solución viable para la administración de Justicia en Cataluña era que se adscribiera todo el personal a la función pública catalana y suprimir todas las competencias del Ministerio de Justicia.

Admitía, no obstante, que un 25 por ciento de la plantilla de la administración de Justicia "huiría" de Cataluña con la independencia. Por ello, proponía aumentar hasta el millar cada grupo, ya que en el momento de hacer el informe había 750 jueces, 340 fiscales y 560 secretarios.

Otro de los textos que los investigadores encontraron a Vidal fue la futura Constitución catalana compuesta de 97 artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final. En ese documento se establecía que el presidente de la Generalitat en el momento de declarar la independencia continuaría actuando como Jefe de Estado en funciones durante un año.

No obstante, por los documentos incautados se puede comprobar que los diferentes grupos de trabajo estaban trabajando en tres constituciones. Incluso se habla de una reunión en marzo de 2015 del grupo de juristas que participaban en la que se hizo constar que Carmen Forcadell, la expresidenta del Parlamento catalán y el vicepresidente de la ANC, Jaume Marfany.