Más de la mitad de los menores de 45 años vive con temor a perder su vivienda

Vecinos de un inmueble en el barrio de Arganzuela, a los que el comprador del edificio no les renovará el alquiler.
Vecinos de un inmueble en el barrio de Arganzuela, a los que el comprador del edificio no les renovará el alquiler.
ELENA BUENAVISTA
Vecinos de un inmueble en el barrio de Arganzuela, a los que el comprador del edificio no les renovará el alquiler.

El Centro de Estudios Demográficos (CED), organismo perteneciente a la Universidad Autónoma de Barcelona, ha hecho público un informe este lunes en el que alerta de un "insostenible aumento de la inseguridad residencial en España", principalmente entre los jóvenes, dado que más de la mitad de los menores de 45 años (54%) teme perder su vivienda a corto plazo por no poder pagarla.

Este porcentaje, además, ha escalado desde el 33% al 54% en cinco años -de 2011 a 2016.

El estudio del CED achaca el gran incremento de la inseguridad residencial en España a un mayor peso del alquiler sobre la compra cómo hábito residencial, en un contexto de alza de los alquileres de mercado, de precariedad sociolaboral y de déficit en la protección legal de los inquilinos.

Los demógrafos explican que el aumento de la práctica del alquiler en España ha sido considerable entre los jóvenes en los últimos años. Así, los hogares de adultos-jovenes (30 a 44 años) han llegado a ser 25% de alquiler. "La tendencia es muy robusta, cabe esperar que en los próximos años se mantenga y con ello se intensifique la exposición a las vicisitudes del mercado del alquileres de los hogares más jóvenes dedicados a la consolidación de sus proyectos familiares".

Evolución vivienda.
Evolución vivienda.

Por su parte, el CED se aproxima en este estudio a la precarización laboral de los jóvenes a través de la Encuesta de Población Activa (EPA). La precariedad de la oferta de mano de obra alcanzó el máximo en 2013, con el 40%, dicen. Ahora ha bajado ligeramente y actualmente es del 34%. Pero en el conjunto de la UE, señalan, nunca alcanzó el 21% y en 2017 (último dato disponible) estaba en el 19%. Los demógrafos también hacen mención, citando a otros estudios, a la evolución creciente de la temporalidad de los contratos, que se ha doblado "en los últimos 30 años".

Así pues, "el aumento del hábito del alquiler y la precariedad se unen en un modelo residencial que camina hacia la inseguridad", resumen.

Los hogares en alquiler de mercado son los que sufren siempre más inseguridad residencial. Mucho mayor que la de los jóvenes hipotecados. Pero es que en España la inseguridad que perciben los inquilinos jóvenes es casi universal: "Podemos estimar que más de un 80% de los hogares constitutidos por jóvenes que viven en alquiler de mercado perciben inseguridad residencial", concluyen.

O lo que es lo mismo: ser joven y vivir de alquiler hoy equivale a sentir miedo a perder la vivienda.

Cómo pinchar la burbuja de la inseguridad residencial

El CED recuerda que en España el alquiler privado es "la principal vía de acceso a la vivienda" de los hogares jóvenes. Principalmente, en los entornos urbanos. La inseguridad es aquí consecuencia de unas "condiciones objetivas de los contratos, de su duración y la falta de control de la variación de precios en ámbitos de fuerte demanda", que hacen mella en especial entre los jóvenes "que no disponen de alternativas efectivas".

La normalización social de la inseguridad residencial, que ya no solo afecta a la población en riesgo de exclusión social, explica el "protagonismo mediático" en los últimos tiempos de la crisis del alquiler en las grandes ciudades, señala el CED.

En este contexto, los demógrafos creen que "es urgente tomar medidas que limiten la inseguridad del alquileres de mercado". Aceptando que el alquiler está aquí para quedarse, proponen: alargar el plazo mínimo de contratos de 3 a 5 años, ampliar las salvaguardas ante desahucios cuando haya indicios de vulnerabilidad. Ambas medidas estaban presentes en el decreto ley que fue tumbado la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

Pero el informe del CED va más allá, y en él los expertos piden que se profundice en la línea de "establecer medidas que limiten los importes de los alquileres en determinadas áreas urbanas".

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