Podemos ha cumplido este martes sus advertencias y ha votado en contra del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que no será convalidado porque también lo han rechazado PP, Ciudadanos y ERC en la votación al término de una jornada en la que el Congreso ha votado otros  siete reales decretos leyes. Supone la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez no consigue para hacer pasar una de sus propuestas por el procedimiento de urgencia.

Finalmente, el decreto ha registrado 102 votos a favor, 243 en contra y una abstención.

El decreto de vivienda contempla aspectos tales como la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler, de tres a cinco o siete años, y la limitación de las fianzas a uno o dos meses en metálico, así como la posibilidad de suspender los desahucios durante un mes si los afectados se encuentran en situación de vulnerabiliad.

Sin embargo, no incluye un elemento "fundamental" para Podemos, la posibilidad de que los ayuntamientos puedan limitar el precio de los alquileres en determinadas zonas donde se registren "subidas abusivas", tal y como el Gobierno se comprometio en el acuerdo entre el presidente, Pedro Sánchez, y su líder, Pablo Iglesias.

El rechazo a las medidas de vivienda supone la primera vez que el Gobierno de Sánchez no consigue sacar adelante un decreto ley en el Congreso.

A pesar de conocer ya el rechazo previo de Podemos y otros grupos, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pedido esta mañana, al inicio del Pleno, la convalidación del decreto. "Es una oportunidad que no podemos perder" para, ha dicho, "dar una primera respuesta" a los problemas de vivienda.

"Las oportunidades se presenta y se aprovechan o se desaprovechan y esta es una oportunidad, sin duda", ha dicho Ábalos.

La portavoz de Unidos Podemos Lucía Martín ha insistido en el debate que el Gobierno debe cumplir su acuerdo con Podemos y ha acusado al Gobierno de plegarse a las exigencias del fondo de inversión Blackstone, el mayor tenedor de vivienda en alquiler en España, que en noviembre advirtió a la ministra de Economía, Nadia Calviño, de que podrían retirar unas inversiones en ladrillo español que vinieron muy bien para sanear las entidades financieras.

"Cada cual decide a quién quiere escuchar, pero usted lo tenía muy fácil, habíamos firmado un acuerdo potente, que protegía a los derechos de la mayoría, de quein paga el alquiler, de quien no sabe cuánto le van a subir el contrato, de gente mayor y gente que a pesar de tener un trabajo no puede pagar el alquiler, de clases medias que no saben si van a poder seguir viviendo en su barrio o en su ciudad", ha dicho Martín a Ábalos.

La portavoz de Podemos ha anunciado así el voto en contra de su grupo, pero "convencida de que podemos reconducir" la situación. "Hoy votaremos en contra y, sin embargo, nuestro voto no busca humillarles, hacerles daño o deshacer la mayoría de progreso que se generó en la moción de censura", ha dicho Martín, consciente de la derrota que acusa hoy el Gobierno con el rechazo del decreto de vivienda.

Por su parte, la diputada socialista María del Mar Rominguera ha asegurado que la "voluntad del Gobierno" es limitar los pecios del alquiler, pero ha pedido tiempo para fijar unos índices de referencia que no distorsionen la competencia. "Establecer úndices de referencia requiere tiempo, mientras el tiempo apremia", ha dicho la diputada del PSOE que, como el ministro de Fomento, ha indicado que es "necesario adoptar medidas cuanto antes".

El decreto ley entró en vigor el día siguiente a su aprobación por el Consejo de Ministros, el 18 de diciembre y decaerá tras su rechazo este martes. Como consecuencia, por ejemplo, los contratos de alquiler que se firmaron entre aquella fecha y este martes tendrán una duración de cinco años. A partir de este miércoles, volverá a ser de tres.

Antes que Martín, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, había confirmado el voto en contra al decreto, tal y como ya se apuntó este lunes. También anunció entonces su 'no' ERC, porque no se limitan los alquileres y por una cuestión formal que también molesta a Podemos, que el Gobierno aprobara el decreto ley sin negociar con los grupos.

En el debate, Ciudadanos ha confirmado el voto en contra que este lunes anunció su presidente, Albert Rivera. De la misma manera, la portavoz de Vivienda del PP, Ana Zurita, ha comunicado el voto en contra que ya adelantó el PP cuando el Gobierno aprobó el decreto en diciembre.

A lo largo del debate, PDeCAT, PNV y Compromís han indicado que votarán a favor, siempre que se permita su tramitación como propuesta de ley, es decir, que los grupos puedan enmendarlo.

La propuesta que ha sometido el Gobierno a la convalidación del Congreso aumenta la duración mínima de los contratos de alquiler, fija normas sobre el importe máximo de la fianza, establece normas para el uso como vivienda turística en los inmuebles, sobre las obras obligatorias en las comunidades de vecinos o sobre la posibilidad de suspender temporalmente un desahucio cuando los afectados se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Así, la duración del contrato de alquiler pasa a ser de tres a cinco años, o a siete si el arrendador fuera una persona jurídica, aunque podría romperse si después de un año el arrendador comunica con una antelación mínima de dos meses que necesita el inmueble para sí o su familia. Si pasan tres meses y sigue vacío, el arrendador podrá exigir ser repuesto en su uso o ser indemnizado con una cantidad igual a una mensualidad por año que quedara hasta el fin del contrato.

Si cumplidos los cinco o siete años ninguna de las dos partes comunica la intención de desistir en el contrato, este se prorrogará durante tres años más, según un decreto que contempla que las partes podrán pactar que, en caso de fallecimiento del inquilino, el alquiler no pueda subrogarse.

El decreto también reconoce que las partes pueden acordar otros aspectos, como una subida de la renta partir del primer año, que en todo caso no podrá exceder de la aplicación del IPC. Salvo pacto en contrario, se permite que el propietario eleve la renta anual si ha hecho obras de mejora o acordar si los gastos generales del inmueble deben correr a cargo de arrendatario.

Por el contrario, el inquilino no tendrá derecho a tanteo cuando su piso se venda conjuntamente con el resto de viviendas y locales del inmueble.

La fianza será en metálico y de una mensualidad en el caso de las viviendas y de dos si tienen otros usos y deberán ser restituidas al inquilino al final del arriendo.

El decreto también modifica la ley sobre propiedad horizontal para establecer que será una mayoría de tres quintos de los propietarios para limitar o condicionar el uso de pisos para alquiler turístico y, en caso positivo, para determinar si estos pisos deben ver incrementada su cuota de la comunidad, en no más que un 20%.

También establece la obligación de acometer obras para permitir la accesibilidad y dar respuestas a las necesidades de propietarios que tengan discapacidad o mayores de setenta años. Asimismo, los vecinos estarán obligadas a pagar una cuota del fondo de contingencia que debe tener toda comunidad para tender a obras de conservación y reparación de la finca.

En cuanto a la modificación que supone de la ley de Enjuiciamiento Civil relacionado con los desahucios, el decreto establece que el demandado por impago será informado de que puede acudir a los servicios sociales, que si aprecian situación de vulnerabilidad lo notificarán al órgano judicial. En ese caso, el desahucio podrá suspenderse durante un mes, para que los servicios sociales tomen medidas. Después de ese plazo, el procedimiento de desahucio seguirá su curso.

Asimismo, el Ejecutivo se compromete a poner en marcha distintas iniciativas para fomentar el parque público del alquiler, como movilizar suelo público perteneciente a la Administración General del Estado, cesión de suelo público a iniciativas público-privadas de alquiler social, reorientar el Plan Estatal de Vivienda hacia el alquiler y agilizar las viviendas urbanísticas.

El real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler ha sido el primero que se debatirá este martes en el Congreso, que también ha debatido y votado otros siete decretos. Entre ellos, el que establece una subida del 1,6% de las pensiones y otro que plasma la subida del 2,25% sueldo de los funcionarios