La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al alcalde de Cádiz, José María González ('Kichi'), a pagar una multa de 5.400 euros por un delito de calumnias por asegurar en una asamblea de vecinos que el anterior equipo de gobierno municipal, del PP, suministró "a sabiendas" agua contaminada al barrio de Loreto.

Además deberá indemnizar con un total de 6.000 euros a la exalcaldesa popular de Cádiz Teófila Martínez y al expresidente de Aguas de Cádiz y exconcejal popular Ignacio Romaní.

En julio de 2018 el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz absolvió al primer edil de Cádiz, a su jefe de gabinete, José Vicente Barcia, y al exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, de delitos continuados de calumnias e injurias.

La acusación partía de que en marzo de 2016 en una asamblea de vecinos el alcalde afirmó: "no hay explicación que justifique dejar a sabiendas a un barrio consumir agua contaminada durante varios días", según recuerda la sentencia.

En aquella asamblea, el alcalde y sus ediles expusieron a los vecinos y las vecinas presentes el resultado de un informe sobre el episodio de contaminación de aguas que obligó en 2014 a cortar el servicio durante varios días al barrio de Loreto de la capital gaditana y en el que se apuntaba que se tuvo conocimiento de la presencia de bacterias antes de cerrar el suministro.

Sobre ello, la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso liderado por la exalcaldesa del PP y condena ahora al alcalde.

No obstante, el tribunal ha rechazado el recurso presentado por la acusación particular en relación con el jefe de Gabinete y el exconcejal y ratifica su absolución, ya que no comparte el criterio del juez de lo Penal acerca de que "la falta de nombramiento concreto de personas pueda excluir la ilicitud de la conducta, puesto que se dieron datos que de modo inequívoco se refieren a personas concretas".

Tras conocer la sentencia, el alcalde de Cádiz ha asegurado a los periodistas que "lo volvería a hacer" por su compromiso "no ya solo político, personal" de esclarecer "una situación de emergencia sanitaria gravísima en esta ciudad".

González ha lamentado que el "único" condenado sea él, cuando "la red de suministro no se había mantenido como se tenía que haber mantenido porque el dinero de Aguas de Cádiz se gastaba en gambas y en Campary".

Ha asegurado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo llegar "hasta donde haga falta" para que "se esclarezca" lo ocurrido porque "estamos absolutamente convencidos" de que "en el barrio de Loreto se suministró agua no apta para el consumo durante 14 días", como así, ha recordado, dijo en el juicio una perito de la Universidad de Cádiz responsable de las analíticas.

"De dimisión nada, hay alcalde para rato", ha aseverado el alcalde para precisar que una condena por calumnias "no es lo mismo que meter la mano en las arcas públicas".