El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido otorgar "masivamente" una ayuda humanitaria de un año —prorrogable— a todos los venezolanos a los que se les haya negado la concesión de asilo y refugio en España.

La medida está dirigida a "los ciudadanos venezolanos que no se les conceda asilo y refugio, pero en aplicación de la ley de asilo y refugio se les permitirá una ayuda humanitaria que les va a permitir estar, legalmente, en nuestro país". Así lo ha comunicado, este martes, Isabel Goicoechea, la subsecretaria del Ministerio del Interior, durante la presentación de las cuentas públicas al departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

La subsecretaria ha comentado que la crisis que vive en la actualidad el país suramericano ha generado tal "incremento" de solicitudes de asilo que se ha pasado de unas 900 peticiones a la presentación de "más de 20.000". Tras las preguntas de los diputados de la Comisión, Goicoechea ha aclarado, durante su turno de réplica, que no se trata de una "solución genérica".

"De acuerdo a la normativa que aplicamos y el Convenio de Ginebra, para aquellos que no tienen derecho a tener el estatuto de refugiado o de apátrida, sí tenemos una solución que se les será oportunamente reconocido, y la solución es ayuda humanitaria que prevé la propia ley", apostilló la subsecretaria. Además, Goicoechea puntualizó que es una ayuda durante un año, aunque pueda extenderse a otro, para que ningún venezolano que lo solicite esté "en el limbo jurídico en el que se encuentran en este momento".

Por otro lado, Isabel Goicoechea ha asegurado durante su intervención que, con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, se garantiza la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos. Algo que, según la subsecretaria, el Partido Popular y Ciudadanos ponen en seria duda.

Goicoechea indicó que "para lo que nos comprometemos, hay dinero", despejando así algunas dudas que les formularon desde estos dos partidos sobre este acuerdo que, como reconoció la subsecretaria de Interior, se firmó bajo el Gobierno del PP, pero que es ahora cuando se va a ejecutar.

Marimar Blanco, diputada del PP que intervino en la Comisión, cargó contra los Presupuestos porque "no se corresponden con la realidad, sino con la realidad de los independentistas; y no satisfacen el interés general, sino el particular de Sánchez para mantenerse en Moncloa".

Además, Blanco criticó que dejan a cinco millones de catalanes "desamparados", dado que este acuerdo en los Presupuestos implica para Cataluña "menos efectivos de la Policía y la Guardia Civil", fruto del "pago de la hipoteca de Sánchez a Torra".