El Ministerio del Interior prevé que en 2019 se llevarán a cabo 9.000 devoluciones de extranjeros. Si al final de año esta cifra se ha hecho efectiva, supondrá casi doblar el número de expulsiones de inmigrantes en situación irregular que, a falta de cifras definitivas, se produjeron en 2018, un total de 5.100.

La previsión de devolver este año a sus países a 3.900 extranjeros más que el pasado figura en apartado correspondiente al Ministerio del Interior del tomo de la propuesta de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que consignan los objetivos en base a los cuales se distribuyen los recursos económicos.

Tal y como explican en Interior, la cifra de 9.000 devoluciones de extranjeros es una estimación de las que se efectuarán durante todo el año 2019. Por devolución de extranjeros se entiende la expulsión de España de aquellas personas a las que esté prohibida la entrada en el país por haber sido expulsadas con anterioridad y de quienes pretendan entrar ilegalmente.

De momento, estos planes no tienen una dotación económica concreta, porque tras la aprobación del proyecto de Presupuestos por el Consejo de Ministros el pasado 11 de enero, ahora corresponde a la oficina de presupuestos que hay en cada ministerio hacer un reparto pormenorizado de las partidas.

La planificación presupuestaria de Interior contempla también conceder la misma cantidad de estancias en España a extranjeros que el año pasado, 2.500.

También, que al término de 2019 haya 6,2 millones de extranjeros residentes en España, la misma cantidad que en 2018 y bastante más, un incremento de 1,2 millones, de lo que previó el Gobierno anterior cuando en 2017 elaboró los Presupuestos para aquel año.

Según los planes de Interior, en 2019 se producirán 32.000 solicitudes de asilo y de protección a refugiados, que es las mismas con que habrá cerrado 2018 si las cifras provisionales se confirman. Serían más del doble de la previsión inicial para 2018, 25.000 solicitudes.

Las 9.000 devoluciones de extranjeros previstas de cara a los Presupuestos de 2019 son casi el doble de los datos disponibles de 2018 y una cantidad mayor de las que calculó el entonces Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, para el año que acaba de terminar. Así, en 2018 se presupuestó en función de realizar 4.000 devoluciones y al final fueron 5.100. Un año antes, en 2017, la tendencia fue a la inversa. En un principio se presupuestaron fondos para hacer más devoluciones, 4.500, de las que finalmente tuvieron lugar, 4.000.

Incluso aunque la cifra final de este 2019 varíe a la baja con respecto a la previsión inicial de 9.000, las cifras confirman la actitud que ha mantenido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con respecto a las expulsiones de inmigrantes en situación irregular en España.

En los útimos meses, Grande-Marlaska han sido el encargado de enviar los mensajes más duros del Gobierno sobre gestión de la inmigración. Así, frente a los llamamientos desde Vicepresidencia o el Ministerio de Trabajo y Migraciones para que las comunidades autónomas accedan a repartirse los menores extranjeros no acompañados (Mena), el ministro del Interior explicó en noviembre que el Gobierno estaba trabajando en un plan con países de origen para la repatriación de los jóvenes, en los casos en los que "se garantice el interés superior" de los menores.

En julio del año pasado, en plena llegada masiva de migrantes a las costas andaluzas, el salto a la valla de Ceuta de 700 subsaharianos hizo que Interior justificara las llamadas devoluciones en caliente tal y como la contempla la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, que el Gobierno se resiste a modificar en este punto hasta que no haya una sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

Según los convenios internacionales, estas devoluciones deben darse sólo cuando el migrante haya llegado al territorio del país que procederá a devolverlo. La Ley Mordaza facilita este proceso al establecer que basta que, en el caso de Ceuta y Melilla, hayan llegado a la línea fronteriza con Marruecos.

Entre los planes de Interior en materia de control de la llegada de migrantes para distribuir los fondos de los Presupuestos de 2019 figuran objetivos tales como regular y controlar la identidad de los ciudadanos y residencia de extranjeros o el control de entrada y permanencia de refugiados y asilados en territorio nacional.

También, mejorar en Andalucía las infraestructuras policiales para la inmigración, en particular la red de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), siendo "prioritaria" la construcción de "nuevos centros" en Madrid, Málaga y Algeciras.