Nancy Llacza y su familia viven en un piso de alquiler. Su hijo y ella trabajan y entre ambos pagan la renta, pero poco les queda después para cubrir los gastos de la vivienda. La calefacción es para ellos un lujo que tienen que racionar.  "No me atrevo a prender la caldera porque se me dispara la factura. Encendemos la calefacción solo cuando el niño está en casa, después del colegio", relata. El niño es su nieto de diez años. El resto del tiempo se calientan con un calefactor que suelen poner en el salón y procurando estar bien abrigados. "A veces se nos enferman los pulmones y nos tratamos con alguna medicina", añade resignada.

Nancy es una de las personas a las que Cruz Roja atiende. Su testimonio ha quedado recogido en un vídeo que la ONG dio a conocer este miércoles junto a la presentación de su decimoséptimo boletín sobre la vulnerabilidad social, centrado en esta ocasión en vivienda y pobreza energética. El informe refleja que el 91,3% de los atendidos por la ONG tienen problemas como falta de aislamiento, goteras o podredumbre, y en torno al 59% se ven obligados a elegir entre pagar gastos básicos, como llevar una alimentación adecuada, o calentar sus hogares.

"No es un estudio estadístico, es un análisis sobre las personas que atiende Cruz Roja, no extrapolable a la población española", explicó el coordinador general de la institución, Antoni Bruel, quien agregó que el objetivo es conocer mejor a los colectivos vulnerables para lograr una mayor efectividad en las ayudas.

El trabajo de campo del boletín se efectuó entre los meses de mayo y agosto, durante los que se realizaron 849 entrevistas telefónicas. La muestra se extrajo de los 1,7 millones de personas sobre las que Cruz Roja "actúa con periodicidad constante". Entre ellas se encuentran víctimas de malos tratos, niños con dificultades sociales o mayores. El 50% de los encuestados residían en el ámbito urbano, el 25% en el semiurbano y el otro 25%, en el ámbito rural. "La mayoría fueron mujeres porque suponen 1,2 millones de los atendidos", comentó Bruel. Todo ello sin olvidar que en prácticamente la mitad de esos hogares viven menores de 16 años.

El responsable de la ONG también hizo hincapié en que el 62% contaba con un nivel de estudios medio alto, lo que significa que se trata de "nuevos pobres". "Lo digo para no estigmatizar el estudio. No son personas en origen pobres o excluidas", incidió. El 57% de los que eran población activa estaban en paro pero el 89% de los que sí tenían trabajo vivían por debajo del umbral de la pobreza, o lo que es lo mismo, con menos de 700 euros al mes.

La pobreza energética y residir en una casa en condiciones precarias pueden poner en riesgo la salud. El 56% de los atendidos por Cruz Roja sufre patologías respiratorias, reumatismo o artrosis. Calentarse con velas o con estufas en mal estado puede provocar incluso un incendio con fatales consecuencias.  El impacto igualmente puede ser social, como en el caso del 35,3%. "Si no tienes calefacción no invitas a nadie. Limita tu vida social", resaltó Bruel. A ello se une el impacto en la búsqueda de empleo, para el 18,5%, por la "humillación" que supone no tener acceso a un aseo adecuado.

El informe refleja por otro lado que solo el 19% aprovecha el bono social, lo que manifiesta que "hay un recorrido muy importante para poder asistir a las personas a que consigan estas ayudas". "Vamos a incrementar todas las acciones de acompañamiento y apoyo. Ocurre igual con la tarifa regulada, solo utilizada por el 3,5%. El 90% desconoce que una cosa es el bono social y otra, la tarifa regulada. Vamos a explotar ese recorrido. Muchas personas no están accediendo a este derecho", señaló.

Bruel quiso dejar constancia de que "la gente quiere trabajar", que no está "asistencializada", y que eso es "positivo". "Piden ayuda cuando están en una situación límite", indicó. Por ello puso de manifiesto que aparte de la dimensión social del problema hay que poner el foco en la dimensión económica. Tres millones de euros es el dinero que Cruz Roja destinó en 2017 a ayudas para el pago de suministros. Con él se auxilió a más de 19.000 personas. Otros dos millones, con un promedio de 379 euros por familia, se dedicaron a más de 8.000 prestaciones para el alquiler. Más de 5.900 hogares se vieron beneficiados.

La comparativa con años anteriores muestra una mejora de la tasa de empleo pero "un incremento de la precariedad de ese empleo". Mientras en 2008 el 74% de los afectados por estas situaciones estaba en paro, hoy el porcentaje ha bajado al 57%, pero quienes trabajan no ganan para vivir en condiciones dignas.