Solo faltan cuatro días para que presumiblemente se celebre el Consejo de Ministros del 21-D en Barcelona, y tanto el Gobierno como el PP siguen enzarzados en el debate sobre la aplicación o no del artículo 155. Y, como ya demostraron en declaraciones anteriores, mantienen posiciones muy dispares.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue reacio a aplicar este instrumento constitucional, y así lo hizo saber el ministro de Fomento José Luis Ábalos. "La Constitución no es solo una serie de artículos ni se reduce exclusivamente al 155", dijo, para afear a quienes quieren "dar ahora clases de constitucionalismo al PSOE". Para Ábalos, la Constitución es "primero sumar". Frente a quienes quieren "atribuirse algo a lo que no tienen derecho", ha recalcado que la Constitución es una conquista de la socialdemocracia y, por tanto, ha pedido que "no venga ninguna derecha a decir que es constitucionalista, porque no lo es".

Las palabras de Ábalos fueron dirigidas expresamente para un Pablo Casado que se encuentra en las antípodas del Ejecutivo. El presidente el PP, precisamente desde Barcelona, instó a Pedro Sánchez a utilizar el Consejo de Ministros del viernes para decir "cómo y cuándo se va aplicar el 155". Además, calificó al Quim Torra de "desequilibrado" por pedir "un derramamiento de sangre" en España al apelar a la llamada vía eslovena. Aún así, quiso matizar sus palabras: "No es un insulto, lo explico. Hay que ser un desequilibrado para escribir sobre los españoles que somos carroñeros, hienas y víboras".

En su feroz crítica al independentismo, el líder popular volvió a insistir además en dejar sin dinero público a las formaciones políticas secesionistas. Asimismo, incidió en la necesidad de poner en práctica la Ley de Partidos Políticos, que establece que aquella organización que fomente, aliente o justifique la violencia debe ser ilegalizada. En este punto, ha pedido la ilegalización de los CDR por protagonizar acciones violentas y porque "no se puede aguantar la kale borroka que sufre Cataluña". En este sentido, urgió al Gobierno a "poner orden" en lo que él considera "los tiempos más oscuros desde la Transición".

Muy similar es la línea que sigue el discurso de Ciudadanos. La líder de la formación liberal en Cataluña, Inés Arrimadas, se sumó a la necesidad de "actuar" y pidió a Sánchez que "proteja a los catalanes de un presidente de la Generalitat que quiere convertir Cataluña en una tierra sin ley". Arrimadas mostró también su preocupación por las "actividades ilícitas" que están organizando los CDR para el 21-D. "Nos sentimos desamparados por un Gobierno de España que solo quiere mantenerse en Moncloa a costa de blanquear al separatismo", comentó a los medios de comunicación.

En defensa el Gobierno salió ayer el exlehendakari –ahora diputado en el Congreso– Patxi López. Aseguró que "todos los socialistas están de acuerdo" en ofrecer "diálogo para resolver los problemas" en Cataluña y "firmeza para defender el Estado de derecho". Criticó a los dirigentes independentistas que "buscan la confrontación permanente" y a quienes "demuestra que no tienen ningún proyecto para Cataluña ni para el conjunto del país" al "hablar exclusivamente de aplicar el 155". En este sentido, López esgrimió que la reunión del Ejecutivo en Barcelona "no busca la confrontación".

La situación en Cataluña tuvo también consecuencias en un nuevo intercambio de mensajes sobre un posible adelanto de las elecciones generales. Mientras PP y Ciudadanos insistieron en la necesidad de llevar a los españoles a las urnas, desde el PSOE la idea es radicalmente distinta. De nuevo Ábalos aseguró que entre las intenciones de Sánchez no está adelantar los comicios, y reveló que la intención es "seguir gobernando por decreto" porque en España hay "urgencia y necesidad" en estos momentos. "No nos vamos a ir porque queda mucho por hacer", dijo, y añadió que quieren gobernar "de la forma más parlamentaria posible".