La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) y el Sindicat de Periodists de les Illes Balears (SPIB) han pedido a los políticos que mantengan el objetivo de desarrollar una ley que proteja el secreto profesional de "abusos intolerables como el que han sufrido nuestros compañeros". Además, las entidades "han exigido" a la fiscalía, a los jueces y a las fuerzas de seguridad que respeten y hagan respetar el derecho fundamental a la libertad de información.

Ambas organizaciones se han concentrado este jueves en la Plaza de Cort de Palma y han leído un manifiesto en el que figuran las dos peticiones anteriores. El documento, redactado por la APIB y firmado por más de 900 profesionales de todo el país, busca defender el secreto profesional y protestar contra la incautación de los teléfonos de dos redactores del Diario de Mallorca y Europa Press en el marco del Caso Cursach.

Tanto la APIB como el SPIB han afirmado que la intervención policial supone un "ataque directo" al ejercicio libre del periodismo, "garantía" del derecho a la información de la ciudadanía. Además, el mismo documento recoge que la Constitución española, las leyes y la jurisprudencia de todas las democracias avanzadas del mundo, amparan el derecho al secreto profesional de los periodistas. En este sentido, las organizaciones han explicado que se trata de proteger a los ciudadanos de los abusos del poder político y económico, no de "conceder impunidad" a los informadores.

Por otro lado, la Agrupación de Periodistas de CC OO ha afirmado a través de un comunicado que la actuación policial y judicial, dentro del Caso Cursach, que propició la incautación del material de trabajo de los periodistas del Diario de Mallorca y Europa Press, es un ejemplo de vulneración de los derechos fundamentales.

En opinión de los periodistas de este sindicato, que han expresado su solidaridad con los informadores afectados, dicha actuación demuestra la "necesidad urgente de afrontar reformas legislativas que permitan revertir el retroceso que han supuesto para la libertad de prensa y los derechos fundamentales", dada la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana (la conocida como Ley Mordaza).