La corrupción lleva años estando a la orden del día en España, pero hay casos más complejos que otros. En este sentido la palma se la lleva el caso Cursach. Tramas políticas, policiales y jurídicas han rodeado Calvià (Palma de Mallorca) en un guion digno de película americana.

La investigación se encuentra todavía en marcha, pero sostiene una serie de claves que merecen ser explicadas. En septiembre, se levantó el secreto de sumario de la mayor parte de la macrocausa tras más de cuatro años de instrucción. Es más, Cursach se encuentra en libertad.

Desde el año pasado, el eco de esta investigación ha sido mucho más potente, pero...¿a quién afecta el caso Cursach y cuáles son sus entresijos?

El ocio nocturno en Baleares tenía un rey: Bartolomé Cursach, más conocido como Tolo. Tal era su poder que tenía a las autoridades comiendo de su mano. Aunque las investigaciones se iniciaron hace años, el foco se colocó sobre él en 2017. En todo este tiempo, el número de imputados ya supera el centenar.

Cursach llevaba beneficiandose de la protección policial y política desde hacía más de veinte años. Pero tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió: policías y políticos premiaron a Tolo para reforzar su posición respecto a la competencia y él a cambio organizaba fiestas con prostitutas y drogas.

El empresario está rodeado por una cifra muy alta de delitos: dieciséis. A Cursach se le imputa cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas, según el auto publicado en marzo del año pasado. En noviembre de 2017, Bartolomé negó todas las acusaciones ante el juez.

Es importante destacar que la situación de los testigos de este caso es especialmente complicada: han denunciado amenazas y agresiones por sus declaraciones ante el juez. Existe además el caso de la llamada testigo protegida número 31, que parecía tener las claves del asunto, pero desde finales de 2017 las dudas han rodeado sus palabras.

Denunció que algunos expolíticos del PP habrían participado en fiestas con prostitutas, supuestamente financiadas por Cursach, en el prostíbulo que ella regentaba. Insistió, por otra parte, en que había sido amenazada por un grupo de agentes, también ordenados por el 'capo'. Pero la trama no quedó ahí: posteriormente reculó y acusó al juez de coacciones.

Solo Pedro Rosselló Cursach, sobrino del cabecilla de la trama, fue condenado a quince meses de cárcel y a una multa de veinte euros diarios durante nueve meses. Estaba acusado de un delito de obstrucción a la justicia. Estuvo en la cárcel de forma preventiva, pero la pena se computó con la condición de que no delinquiera en los siguientes dos años.