Políticos catalanes independentistas presos
Los políticos catalanes independentistas presos. ÒMNIUM CULTURAL

El Tribunal Supremo celebrará el próximo 18 de diciembre una vista pública en la que estudiará si es o no competente para juzgar al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los otros 17 acusados por el caso del 'procés' donde se estudiará si el alto tribunal es competente para juzgar los hechos.

La fecha fijada por el Órgano para debatir sobre lo que supone el paso previo para enfilar el juicio el próximo año será muy cercana a la celebración del Consejo de Ministros en la capital catalana, prevista para el 21 de diciembre, solo tres días después de esta reunión jurídica.

A pesar de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha generado dudas en las últimas horas con sus declaraciones sobre la ubicación elegida para llevar a cabo la reunión de ministros y ministras, la tensión cada vez más notable con la Generalitat de Cataluña tras los últimos incidentes a la que Ábalos se acogía no evitarán que sea Barcelona el lugar de encuentro.

Decidir el órgano más competente

Se trata de la vista del artículo de previo pronunciamiento, es decir el equivalente a las cuestiones previas del juicio, donde el alto tribunal debe analizar la solicitud de las defensas de que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien juzgue los hechos. 

Según su versión, es el alto tribunal catalán y no el Supremo quien debería sentarles en el banquillo dado que el proceso soberanista catalán y los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre y el referéndum del 1-O tuvieron lugar íntegramente en Cataluña. 

Por primera vez, las defensas de los 18 acusados acudirán al Supremo a una vista celebrada por un tribunal de siete jueces, presidido por Manuel Marchena, y en la que estarán presentes la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox. No así los acusados que a día de hoy no han solicitado asistir a la misma y que, según fuentes jurídicas, no se prevé que acudan. 

Un día después de la vista, según dicta la ley, cuando la Sala encargada de enjuiciar a los líderes independentistas decida sobre las cuestiones previas planteadas y, en el caso de admitir su competencia, las defensas contarán con un plazo de 10 días para presentar sus escritos.

Todo ello a la espera de que la Sala fije definitivamente la fecha del juicio que, previsiblemente, tendrá lugar en el mes de enero. En un auto, del que ha sido ponente Marchena, el tribunal desestima las peticiones de documentación de las defensas por no resultar necesarios para la vista.

El análisis de los hechos alegados en los escritos, dice el Supremo, "enriquecido por las alegaciones que en el acto de la vista se formulen por las defensas será determinante del desenlace del presente incidente".

En esta causa es Oriol Junqueras quien se enfrenta a la petición más alta de prisión: la Fiscalía pide 25 años de cárcel para él por rebelión, mientras que la Abogacía del Estado solicita 12 años por sedición.

Campaña de movilizaciones durante el juicio

Mientras tanto, la izquierda independentista catalana en la que se encuadra la CUP ha diseñado una campaña de movilizaciones con la que quieren "parar" Catalunya desde el primer hasta el último día del juicio a los dirigentes soberanistas encarcelados.

Lo ha explicado el diputado de la CUP  Carles Riera y la portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Païssos Catalans (SEPC), Laia Casas, en una rueda de prensa, en la que han anunciado que el 19 de diciembre desgranarán en el teatro barcelonés Poliorama los actos, que comenzarán el primer día del juicio oral: "Alcémonos. Paremos el país. Paralicémoslo todo. Paralicemos el territorio".

Por otro lado, sobre los actos reivindicativos que se prevén para el 21 de diciembre con motivo de la reunión del Consejo de Minitros en Barcelona, Riera ha explicado que no se enmarcan en la campaña 'Alcem-nos' (Alcémonos), que esa convocatoria va más allá de la izquierda independentista, y que la respaldan porque reunir al Consejo en la capital catalana es "una provocación y un acto antidemocrático".