Constitución de 1978: la séptima de nuestra historia, la segunda –por ahora– en longevidad (la de 1876 estuvo en vigor 47 años. El franquismo duró 36 años).

Por primera vez, con esta Constitución queda establecida en España, como forma del Estado, la monarquía parlamentaria: un régimen hasta ahora inédito y en el que la soberanía nacional reside exclusivamente en el pueblo español, del que emanan todos los poderes (art.1.2), y en el que el jefe del Estado (el rey) carece de capacidad alguna de intervención directa en la vida política nacional.

En ningún texto constitucional anterior (ya sea monarquía o república), las competencias del jefe del Estado habían quedado tan estrictamente acotadas como ahora.

En la Constitución de la Segunda República (9-12-1931), el presidente de la República podía, por ejemplo, nombrar y separar libremente al presidente del Gobierno (art. 75), convocar al Congreso de los Diputados con carácter extraordinario cuando lo estimase oportuno, suspender las sesiones del Congreso o disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones (art. 81).

En la Constitución de 1876, el rey tenía el mando supremo de las fuerzas armadas, concedía grados y ascensos militares, podía declarar la guerra, expedir los decretos, reglamentos e instrucciones requeridos para la ejecución de las leyes y nombrar y separar libremente a los ministros (art.54). La Constitución inmediatamente anterior (de 1869) confería al rey competencias similares (arts. 70 a 72).

La nonnata Constitución de 1873 (que proponía reorganizar el Estado español como república federal) concedía al presidente de la República el "poder de relación" que, entre otras cosas, comprendía la posibilidad de convocar reuniones extraordinarias de las Cortes, de nombrar y separar libremente al presidente del poder Ejecutivo, así como a embajadores y ministros (art. 82).

En cuanto a entidad y calidad democrática, una monarquía parlamentaria y una república parlamentaria son totalmente equivalentes y absolutamente equiparables; en ambas, el poder –la soberanía– reside exclusivamente en el Parlamento. Al jefe del Estado (rey o presidente) corresponden tan solo funciones representativas y –llegado el caso– de moderación de la vida pública, pero sin capacidad alguna de intervención directa sobre la dinámica política cotidiana. Ha habido (y hay) monarquías absolutas, y ha habido (y hay) repúblicas dictatoriales: lo realmente distintivo al respecto, por tanto, no es el sustantivo (monarquía, república) sino el adjetivo (parlamentaria).

Según el Democracy Index de 2017, que elabora la Unidad de Inteligencia de The Economist, de 167 estados soberanos analizados, solo 19 (y entre ellos España) merecen la calificación de democracia plena: son países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos, Finlandia, Alemania y España (nótese que figuran todas las monarquías parlamentarias que, como la española, forman parte de la Unión Europea –salvo Bélgica–). Otros 57 (y entre ellos Estados Unidos, Francia, Italia o Bélgica) son considerados democracias imperfectas. Los restantes 91 estados son definidos como regímenes híbridos (caso de Albania, Guatemala o Marruecos) o regímenes autoritarios (como Venezuela, Rusia o China).

Por su parte, el Informe de 2018 de Freedom House, que evalúa el grado de democracia y libertad en el mundo actual, sigue situando a España en lugares de cabeza, con 94 puntos sobre 100, superada por Finlandia, Noruega y Suecia (que consiguen 100 de 100 puntos posibles), por Canadá, Holanda (99/100) y Australia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Uruguay (98/100). Los 94 puntos que consigue España (al igual que Alemania, Austria o el Reino Unido) la sitúan incluso por encima de países como Francia (90), Italia (89) o Estados Unidos (86).

Es decir, hace 40 años España era un país recién salido de una larga dictadura, con una democracia frágil, que estrenaba –en momentos inciertos: con crisis económica, con un terrorismo activo y con unas fuerzas armadas cuyos mandos seguían mayoritariamente identificados con el régimen anterior– una Constitución innovadora (monarquía parlamentaria, profunda reorganización territorial del Estado, máximo reconocimiento de derechos y libertades). Ahora –y según observadores externos cualificados– España es una democracia consolidada que forma parte de la reducida élite de países democráticamente más avanzados del mundo actual.

En la decena de elecciones legislativas que se celebraron entre los años 1901 y 1923, participó, en promedio, el 66% de la población con derecho a voto (hombres mayores de 25 años que hubieran pagado contribución territorial). En 1931, votó el 70,1% de los electores (varones mayores de 23 años); en el año 1933, lo hizo el 65% (votaron por primera vez en la historia las mujeres) y en 1936 hasta el 72%.

España ha experimentado profundos cambios en los últimos 40 años que han contribuido sin ninguna duda a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad.

La esperanza de vida al nacer (Eo) constituye una descripción del nivel de mortalidad existente en una sociedad en un momento determinado: se basa en la suposición de que los concretos niveles de mortalidad que en ese momento se registran en cada grupo de edad, se mantendrán invariables a todo lo largo de la vida de una persona recién nacida. Es por tanto erróneo interpretarla como predicción de la duración esperable de la vida de una determinada cohorte de edad: lo normal es que la infraestime, y de forma importante, pues quienes nacen en un año determinado con toda probabilidad no experimentarán a lo largo de su vida el riesgo de fallecer existente en el mismo en los distintos grupos de edad.

El peso relativo de los grupos de edad que usualmente se definen como "población dependiente" (los menores de 15 años y los mayores de 65) sigue representando, en conjunto, un porcentaje similar sobre la población total (36.9% en 1978, 34.1% ahora) pero el peso relativo de cada uno de ellos ha variado significativamente. Hace 40 años, los menores de 15 años más que duplicaban en número a los mayores de 65. Ahora la situación se ha invertido, y los mayores superan en 4,1 puntos a los más jóvenes.

A medida que la población española "envejece" (o lo que es lo mismo, pero suena infinitamente mejor: a medida que se generaliza la larga vida, –y cada vez más larga–) el perfil poblacional deja de asemejarse a la tópica pirámide y tiende, gradualmente a "rectangularizarse": es decir, los distintos grupos de edad tienden a tener un mismo –o muy similar– peso sobre la población total. Ese es el punto final, demográficamente hablando, al que se acercan los países más social y económicamente avanzados, y el que, hacia 2100 (según estimaciones de la Oficina Demográfica de la ONU) se encontrarán, previsiblemente, todos los países del mundo

La población total dejará de crecer (habiendo alcanzado un total estimado de entre 10.500 y 11.000 millones). Ese proceso generalizado de alargamiento de la vida (o de envejecimiento) tiene, obviamente, consecuencias socioeconómicas tan perturbadoras e inéditas, como inevitables y, a la postre, transitorias. Es el coste que la humanidad debe afrontar por pasar de estar compuesta por sociedades que, históricamente, han sido siempre 'jóvenes' (con alta natalidad y alta mortalidad) a estarlo por sociedades envejecidas (es decir, de generalizada larga –y cada vez más larga– vida), con baja natalidad y una mortalidad concentrada casi en exclusiva en los tramos de edad más elevados.

Se estima que en la década de 1960 más de dos millones de españoles (en su mayoría sin cualificación profesional alguna) emigraron a Europa por razones estrictamente laborales. La emigración comenzó en los años 50 y se hizo masiva en los 60. La crisis energética de 1973 se tradujo en una fuerte contracción en Europa de la contratación de mano de obra extranjera, con el consiguiente retorno de emigrantes (y el práctico fin de la emigración). A partir de entonces España dejó de ser un país de emigración, pasando a ser más bien un país de acogida. La población española actualmente residente fuera de España representa un tipo muy distinto de emigración.

En el curso 1989-90, las mujeres pasaron ya a representar la mitad (50,6%) del estudiantado universitario: en 1970 representaban solamente el 25,8%. Legalmente, hasta 1910 no fue posible la admisión de estudiantes de sexo femenino en todos los centros educativos públicos.

Según el Informe Bloomberg referido a 2018, el sistema sanitario español es (a pesar de todos los recortes experimentados en el último decenio) el más eficiente de toda Europa y la sanidad pública española es la tercera en el ranking mundial, por detrás de Hong Kong y Singapur.

Un sistema nacional de trasplantes que es referencia mundial: España, cuya población solo representa en 2018 el 0,006% de la población mundial (estimada en 7.570 millones), aportó en 2017 el 6,6% de todas las donaciones de órganos efectuadas en el mundo. España es líder mundial en el número de donaciones por cada millón de habitantes (47), frente a 21 en Australia, 20 en Canadá y 10 en Alemania. Además, España llevó a cabo 102 trasplantes por cada millón de habitantes, proporción muy superior a la media europea (64 por millón de habitantes).

En la actualidad, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) española está considerada como la institución de referencia mundial.