La España de las autonomías sigue siendo la opción preferida para los ciudadanos. El 65% de los españoles considera que las comunidades son el mejor modelo de organización para España. Frente a esta cifra, el 21% se muestra a favor de que nuestro país sea un Estado centralizado sin autonomías y, en el otro extremo, un 14% apuesta porque las comunidades que quieran se puedan convertir en Estados independientes.

Aunque los ciudadanos no esconden su apoyo al modelo autonómico, a la vez critican tanto la gestión política que se ha hecho durante estos 40 años como el propio reparto competencial que hay entre las administraciones. En este sentido, la mayor parte de quienes apoyan este modelo autonómico introducirían cambios en él. Así, según el sondeo de Metroscopia para 20minutos, un 22% de los españoles –aun apoyando esta división territorial– reduciría las competencias que son de su responsabilidad. Mientras, un 21% querría unas autonomías con más competencias bajo su responsabilidad. Solo un 20% del total quiere que las comunidades sigan tal como están ahora.

A diferencia de otros aspectos, el sentimiento de apoyo o no a las autonomías no ha sido lineal durante estos 40 años. Así, en 1984 apenas el 51% de los españoles apoyaba que España se articulase en comunidades autónomas. Ese escepticismo autonómico se matizó con los años y ya en 2003, el grado de aceptación del modelo autonómico alcanzó el 75%. Ahora, con el citado 63% de apoyo, estaríamos de nuevo en un punto intermedio.

Hay que tener en cuenta el calendario que han tenido la aprobación y posterior reforma de los diferentes Estatutos de Autonomía. En 1984, momento de mayor duda, los parlamentos autonómicos apenas se acababan de formar y prácticamente no tenían competencias relevantes. Pese a eso, las expectativas de lo que podían generar llevaba su apoyo al 51%.

En 2003, la mayoría de las autonomías acababan de recibir y empezar la gestión de sus competencias de sanidad y educación, con las correspondientes inyecciones presupuestarias y numerosos planes de futuro. En ese momento, la aceptación del modelo autonómico se elevó al 75%.

El apoyo actual, que ha caído al 63%, se produce tras años de restricciones presupuestarias en las autonomías. También ha podido influir en la valoración que se ha constatado que los servicios que reciben los ciudadanos son diferentes según la autonomía en la que viven.

En este sentido, aunque la mayoría de la población defiende el modelo autonómico, más del 90% cree que ha llegado el momento de profundizar en sus reformas. Así, el 66% de los ciudadanos considera que "necesita reformas profundas, pues su organización ha quedado desfasada". El 28% reduce esas modificaciones necesarias a "retoques parciales, pues en conjunto sigue siendo válida". Y solo un 5% cree que "no necesita reformas".

La opinión también ha ido variando con los años respecto al apoyo o no a que algunas comunidades puedan ser Estados independientes. En la actualidad, se muestran a favor de esta posibilidad el 14% de los encuestados, mientras que en 1984 la cifra era del 10%. En este caso, la tendencia tampoco ha sido lineal. Según el banco de datos de Metroscopia, en el año 2003 el apoyo a opciones independentistas era del 8%.

En la valoración que tienen los españoles sobre el Estado autonómico llama la atención que no hay una excesiva variación ni por tramos de edad ni por partidos a los que se votan. Entre los jóvenes y los mayores de 65 años solo hay diez puntos porcentuales de diferencia respecto a la consideración de que el modelo autonómico necesita "reformas profundas". El 75% de los menores de 34 años apoyan esas reformas de calado, frente a los 61% entre los mayores de 65 años.

En cuanto a partidos políticos, la diferencia en esta categoría es de 11 puntos, y no se da entre formaciones de izquierdas y derechas, sino dentro de la izquierda. Los votantes que son menos partidarios de reformas profundas son los del PSOE (las apoyan el 58%). En Podemos, el porcentaje se eleva al 69%. Más hacia la derecha, 65% de los votantes del PP piden estas reformas y entre los votantes de Cs el 63%.

Los ponentes de la Constitución impulsaron en España un modelo territorial que tenía pocos antecedentes. Apostaron por la descentralización, pero sin llegar

a denominarlo formalmente un Estado federal. Desde 1978, las autonomías han ido recibiendo competencias a ritmos diferentes, lo que ha generado tensiones entre territorios y también malestar ciudadano. La mayor parte del arco parlamentario coincide en la necesidad de reformar el modelo, pero discrepa de qué manera hacerlo.

Que la Constitución y el sistema electoral necesitan un retoque es una idea que comparte la mayoría de los españoles, independientemente de su edad o su filiación política. Los consultados en la encuesta de Metroscopia piden avanzar hacia una correspondencia lo más exacta posible entre el número total de papeletas que recogen los partidos en cada lid electoral y el de escaños en que se traducen. En concreto, un 75% se muestra a favor de emprender una reforma de la legislación con este objetivo frente a un 22% que la rechazaría.

Lo más revelador de los resultados es que las adhesiones se reparten de forma más o menos homogénea entre los electores de las cuatro principales fuerzas, más allá de la posición de cada una. Eso sí, el deseo mayoritario de cambio es aún más sólido entre los que optan por Unidos Podemos (86%, con una IU históricamente lastrada) y Ciudadanos (85%). Ambas formaciones, tercera y cuarta en las elecciones de 2016, han propuesto un reajuste normativo para reducir la sobrerrepresentación que –a su juicio– otorga el actual método a las dos primeras. No obstante, el respaldo a esta revisión no deja de ser masivo, también entre socialistas (75%) y populares (77%).

En la actualidad, en España rige un sistema para las generales que combina tres elementos: la circunscripción provincial –que prima a las menos pobladas y penaliza a los partidos de ámbito nacional con menos éxito–, un reparto tipo D'Hont –proporcional, aunque menos que otros, según sus detractores– y una barrera del 3% para obtener representación en la Carrera de San Jerónimo.

Pese a los intermitentes intentos, no hay consenso sobre qué ingrediente se debería alterar en la receta.

Por edades, la reclamación de afinar esa conversión voto-escaño es igual de abrumadora. En el amplio tramo de edad que va desde los 18 a los 54 años, un 77% la solicita, un punto por encima que entre 55 y 64. A partir de 65 años, esta exigencia se relaja hasta el nada desdeñable 69%.