Solo durante el pasado 2017, los actos vandálicos y la pintada de grafitis en los trenes de la red de Rodalies Catalunya le costaron a Renfe 10,7 millones de euros. Esta cantidad de dinero se podría haber destinado, asegura la compañía, a la adquisición de un nuevo tren.

De ahí que el presidente de Renfe, Isaías Táboas, asegurara este jueves en Barcelona que «con el vandalismo quitamos oportunidades a los ciudadanos».

El aumento de las acciones incívicas en la red ferroviaria catalana, y también en la de metro de Barcelona, centró una parte importante de la reunión del Órgano Mixto Generalitat-Renfe (que no se reunía desde julio de 2017).

En la misma, el secretario de Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, y Táboas, en la que se emplazaron a trabajar desde ya en un nuevo contrato de servicios para Rodalies de Catalunya.

Dentro de la decisión acordada en este encuentro para hacer frente común entre la administración catalana y la operadora de transporte en la lucha contra el vandalismo creciente, Gavín confirmó que ya se está colaborando con los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana para reforzar la presencia de ambos cuerpos policiales en las infraestructuras para intentar frenar un fenómeno que está creciendo durante los últimos meses en virulencia y agresividad, y que está afectando no solo a los empleados de metro y tren sino también a usuarios.

«No lo podemos tolerar», dijo Gavín. «El vandalismo que padece Renfe secuestra a este servicio público», coincidieron en afirmar ambos responsables.

Gavín desveló que el Departament d'Interior ha creado una unidad específica que cada vez tiene más conocimiento de cómo actúan estos grupos organizados. Y lamentó que el Código Penal «no dote de herramientas» para cuando se identifica y se detiene al autor de un acto violento.

Otro aspecto central de la reunión de este jueves del Órgano Mixto se concretó con el compromiso de ambos actores de crear un nuevo contrato programa de servicios para Rodalies de Catalunya que estará operativo en 2019. El que se acordó en el año 2013 no llegó nunca a validarse por parte del Estado. Para Gavín, este acuerdo ha quedado completamente «desfasado».

Por ello, este nuevo documento tendrá «la duración suficiente para que Renfe, como proveedor, pueda dar garantías de que el servicio que ofrece es de calidad», remarcó Gavín, y que contemplará aspectos como la puntualidad o la calidad del servicio.

Cualquier incumplimiento por parte de Renfe podrá forzar a la Generalitat a replantearse el acuerdo o a aplicar sanciones, según han estimado ambas partes. Táboas, presidente de Renfe, recordó en este mismo sentido que la Generalitat es «cliente» de la compañía y que por eso quiere se le garantice «fiabilidad, puntualidad y calidad»