El Pleno del Congreso ha aprobado por mayoría absoluta la reforma "urgente y parcial" de la ley del Poder Judicial (1985) para que los jueces tengan mayor formación sobre el maltrato machista y se apliquen las medidas recogidas en el pacto de Estado de Violencia de Género que afectan al ámbito judicial.

La reforma ha recibido 343 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones al dictamen aprobado por la Comisión de Justicia, sin que se haya incluido hoy ninguna enmienda, que solo había planteado Podemos.

La reforma llega como mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero también en un año en el que las organizaciones feministas han iniciado una campaña contra el maltrato judicial a las víctimas de violencia de género, y después de que varias de las últimas mujeres asesinadas no hubieran recibido del sistema judicial la protección que habían demandado.

Todos los grupos han expresado ese apoyo durante la defensa de sus posturas al cambio legislativo en el Poder Judicial para mejorar la respuesta de los tribunales al maltrato machista, una de las primeras reformas legales que se realizan para la aplicación del pacto de Estado aprobado por el Parlamento el 28 de septiembre de 2017.

La reforma pretende garantizar la adquisición de conocimientos sobre igualdad y en materia de no discriminación en las oposiciones a la carrera judicial, en los cursos de la Escuela Judicial y en la formación continuada impartida por el Consejo del Poder Judicial.

Las medidas acordadas afectan a los miembros de la carrera judicial, tanto de los juzgados especializados en violencia de género, como a los jueces de familia y de menores.

Así, se aumentará la capacitación judicial en "Derecho antidiscriminatorio, incluyendo la perspectiva de género y la transversalidad" durante los procesos de formación, pasando a ser una materia obligatoria y evaluable y se incluyen pruebas específicas en violencia machista como requisito para concursar a órganos judiciales especializados.

La reforma establece que el CGPJ debe asegurar que las dependencias impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, tal y como está ocurriendo ahora. Esas salas serán utilizadas también en casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual.

El Observatorio de Violencia Doméstica y de Género deberá enviar cada año un informe sobre los datos que recopila de los juzgados que conocen esos casos de violencia de género a la Comisión Parlamentaria del Seguimiento del pacto.

Unidos Podemos ha expresado su "voto a favor pero crítico" porque entiende que hay que ampliar el ámbito de aplicación de la ley a cualquier agresión machista que sufran las mujeres.

"Hay que actualizar las leyes del país para que respondan a lo que piensa el pueblo sobre lo que es machismo; da igual si es un desconocido o tu marido", ha dicho la portavoz de ese grupo, Ángela Rodríguez, quien ha pedido que la formación sea también sobre violencia sexual para que los "jueces, cuando una mujer ha sido violada, no pregunten si cerró las piernas".

La diputada de Ciudadanos Patricia Reyes ha expresado el apoyo a la propuesta de Podemos de que la violencia sexual sea juzgada como de género y ha advertido de que mejorar la formación de los jueces es urgente "pero no será suficiente" para proteger a las mujeres "valientes que deciden denunciar".

Tras un cruce de reproches entre el PP y Podemos sobre el interés de la bancada de cada grupo en asuntos de violencia de género, el diputado popular Francisco Molinero ha destacado que "el compromiso del Partido Popular es tanto de hombres como de mujeres".

"Necesitamos hacer todo lo que esté en nuestra mano para erradicar la violencia machista, que será difícil pero no imposible", ha aseverado la socialista Carmen Cuello.

Desde el Grupo Mixto, Ana Oramas ha opinado que hay que hacer más cosas para acabar con las terribles cifras de asesinatos y violaciones de mujeres, pero desde el consenso, "sin batallas políticas y sin que nadie se apunte el tanto".

"Lo que aprobamos es un paso más" contra la "manifestación más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres", ha asegurado Mikel Legarda, del Grupo Vasco.La diputada de ERC Carolina Telechea ha reclamado mayor atención contra cualquier tipo de maltrato, como los micromachismos, para que nadie diga a las mujeres cómo deben vestir y sobre qué tienen que opinar.