España mantendrá la venta de armas a Arabia Saudí con el visto bueno de PP y PSOE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Senado.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Senado.
Kiko Huesca / EFE
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Senado.

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes con los votos de PSOE y PP y la abstención de Ciudadanos pedir al Gobierno que suspenda la venta de armas a Arabia Saudí. A cambio, ha abogado por reforzar los controles del material exportado a otros países para garantizar que no se utiliza vulnerando los derechos humanos ni la legislación internacional.

Los diputados socialistas y 'populares' han unido así sus votos para rechazar iniciativas de PDeCAT, ERC, Unidos Podemos y Compromís que pedían paralizar las relaciones comerciales de armamento con Arabia Saudí por su implicación en la guerra de Yemen y tras la muerte del periodista Yamal Jashogi en el consulado de Estambul. La proposición no de ley contó con nueve votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones de los diputados que conforman la Comisión de Defensa.

El diputado del PSOE Antonio Gutiérrez Limones ha pedido "prudencia y esperar a conocer los hechos" antes de tomar decisiones unilaterales, como ha hecho Alemania anunciando la paralización de las ventas a la monarquía del Golfo Pérsico. "España es un país que cumple con sus compromisos internacionales, las decisiones que se tomen tendrán que ser colectivas en el seno de la Unión Europea", ha defendido.

Además, ha recordado las consecuencias que esta decisión podría tener en el contrato para la compra de cinco fragatas a Navantia por importe de 1.800 millones de euros y ha preguntado a PDeCAT, ERC y Compromís si su postura sería la misma si el astillero estuviera ubicado en Cataluña o la Comunidad Valenciana en vez de en Cádiz.

"Los derechos humanos tienen que estar por delante de los negocios"

Durante su defensa, la diputada de Compromís Marta Sorlí subrayó la necesidad de paralizar "de inmediato" la venta de armas a Arabia Saudí por dos motivos: la garantía de los derechos humanos y el cumplimiento de la propia legalidad española. Destacó que el régimen saudí "vulnera" los derechos humanos en Yemen, "perpetúa crímenes de guerra", "ataca a la población civil" y "desaparece a periodistas críticos", un panorama sobre el que existe consenso internacional.

Reconoció que la venta de armas es "muy conflictiva", porque contribuye a generar puestos de trabajo en España, si bien invitó a buscar alternativas para que esos empleos no peligren, puesto que los derechos humanos "tienen que estar por delante de los negocios". Puso de manifiesto que Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega, Países Bajos y Canadá ya han demostrado su disposición a paralizar la venta de armas a Arabia Saudí. "No pedimos la luna", exclamó.

Por parte de Unidos Podemos, Carmen Valido mostró su apoyo a la "forma y al fondo" de la proposición no de ley objeto de debate, aunque presentó una enmienda para asegurar que el Gobierno, en caso de revocar una exportación de armas, buscará un comprador alternativo y, en caso de no encontrarlo, invertirá una cantidad idéntica a la comprometida en el contrato vedado en beneficio de la industria afectada.

Francisco Javier Cano (Cs) presentó dos enmiendas al texto y afirmó que el debate de esta proposición no de ley era "bastante improductivo" y dejó claro que España es un "país democrático de la UE en el que se defienden los derechos humanos y donde se cumplen los contratos". Apeló a la importancia de encontrar una posición común en el seno de la UE que evite posiciones unilaterales de los Estados miembros sobre la paralización de la venta de armas a Arabia Saudí.

María José García-Pelayo (PP) rechazó sumarse a esta proposició y dedicó su intervención a presumir de que el Gobierno de Mariano Rajoy tomó "decisiones valientes", entre las que citó la denegación "en tiempo real" de exportaciones a países como Siria, Egipto, Mali y Venezuela. Llamó a "extremar" la responsabilidad antes de actuar en aras a proteger a la industria de defensa, que ocupa a 209.086 personas, ya que "con el pan de la gente no se puede jugar irresponsablemente".

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