A la espera de que se pronuncie sobre el caso de Pablo Casado, el Tribunal Supremo mantiene tres causas abiertas con dirigentes políticos aforados: la de la senadora del PP Pilar Barreiro, la del diputado de Podemos Diego Cañamero y, la más compleja, la de los líderes del proceso soberanista catalán.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto este lunes una reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos, pero esa medida solo afectará a determinados cargos públicos (diputados, senadores y miembros del Gobierno) y en cuestiones que no estén relacionadas con el ejercicio de su cargo.

El PP ya ha alertado que la propuesta de Sánchez pretende beneficiar a los "golpistas" catalanes para que no los juzgue el Supremo, si bien su caso no encaja con los presupuestos fijados por el Ejecutivo porque ellos están procesados por delitos supuestamente cometidos durante el ejercicio de sus funciones como cargos públicos.

En cualquier caso, mantendrían el aforamiento jueces, fiscales, miembros del Constitucional o del Tribunal de Cuentas, además de los reyes Felipe y Juan Carlos, las reinas Sofía y Letizia y la Princesa de Asturias, entre otros.

En España hay casi 250.000 aforados: 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, varios de la Familia Real y 17.603 políticos, jueces, fiscales, entre otros.

Los parlamentarios autonómicos están aforados por sus respectivos estatutos de autonomía, de modo que responden ante los tribunales superiores de cada comunidad. Solo Murcia, Cantabria y Canarias tienen avanzada la supresión de los aforamientos.

Hay excepciones, como el procés. En ese caso, el Supremo comenzó investigando a los miembros de la Mesa del Parlament pese a ser diputados autonómicos, porque el delito supuestamente cometido (rebelión) afecta al conjunto del Estado, de modo que supera la competencia del TSJC.

Poco después, el juez Pablo Llarena asumió la investigación sobre todos los supuestos participes en ese delito (aforados y no aforados) al considerar que sus acciones son "inescindibles", precisamente porque la rebelión es un delito "plurisubjetivo", es decir, que en él participa una pluralidad de personas y por ello requiere de la "intervención coordinada de todos ellos".

Varios de los implicados han recurrido al Tribunal Constitucional al considerar que deberían ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia catalán y no por el Supremo.

Otro caso es de la senadora del PP Pilar Barreiro, investigada por el Supremo dentro del caso Púnica por unos hechos que habría cometido cuando era alcaldesa de Cartagena. En concreto, por el uso de fondos públicos del consistorio de Cartagena y de la Comunidad de Murcia para mejorar su imagen a través de un plan de reputación personal a través de, entre otros medios, un diario creado "ad hoc" para ese fin.

La Fiscalía ha pedido en dos ocasiones el archivo de la causa al entender que no hay indicios de la participación de Pilar Barreiro en hechos objetivos penalmente relevantes.

El otro político investigado por el Supremo es Diego Cañamero, diputado de Podemos, en este caso sí que por hechos que no están relacionados con el ejercicio de su función pública. En concreto, por un posible delito de coacciones cometido como parte de un piquete durante una huelga de basuras convocada en el pueblo sevillano de El Coronil en 2013.

Cañamero ya fue investigado por coacción del derecho de huelga y daños por unos hechos de 2008, una causa que finalmente fue archivada después de que él se negara a declarar por ser "insumiso judicial".

A ellos se sumaría el presidente del PP Pablo Casado si el Supremo entiende que hay razones para investigarle por presuntos delitos de cohecho impropio y cooperación para la prevaricación en la obtención de su máster. De momento, está pendiente que la Fiscalía se pronuncie al respecto.

Recientemente, el Supremo archivó la causa abierta al diputado del PSOE y exalcalde de Alcalá de Guadaira (Sevilla) Antonio Gutiérrez Limones por posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por omisión en relación a presuntas irregularidades cometidas cuando él era el alcalde de la citada localidad. El Tribunal entendió que los hechos investigados no eran constitutivos de delito.

También archivó por prescripción una investigación al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por un supuesto delito de desorden público en relación con unos hechos sucedidos en diciembre de 2006 en La Laguna (Tenerife). Es decir, otro caso que no tiene relación con su actividad pública.