EFE/Emilio Naranjo
El presidente del gobierno Pedro Sánchez, durante su intervención en el acto que ha presidido en la Casa de América. EFE/Emilio Naranjo

La reforma constitucional que ha planteado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone todo un procedimiento parlamentario y plantea dudas y también preguntas que aún el Gobierno no ha resuelto.

Si el fin del aforamiento solo afectará a cargos públicos pero para cuestiones ajenas a sus responsabilidades políticas, ¿incluirá o no los delitos de corrupción que, en principio, se cometen cuando se tiene un cargo?

Por otra parte, fuentes de la Moncloa señalan que la supresión de los aforamientos es una propuesta que otros grandes partidos como PP, Podemos o Ciudadanos ya han hecho en el pasado, de manera que sería lógico obtener los apoyos suficientes. En este caso, parece que habría reforma, a pesar de que ni mucho menos existe la misma arrolladora mayoría con la que PSOE y PP modificaron en el verano de 2011 el artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda sobre todo lo demás.

Estas son algunas preguntas que plantea la reforma constitucional.

¿Qué es un aforado?

Es la persona que goza del derecho de que, en caso de ser imputado por un delito, le juzgue un tribunal distinto a los tribunales de primera instancia a los que van los ciudadanos corrientes. Su caso va directamente a un Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo.

¿Cuántos aforados hay?

Se calcula que unos 10.000. En España el número es especialmente elevado en comparación con otros países. En Alemania, Reino Unido o Estados Unidos no hay aforados, es decir, todo el mundo se somete a la misma jurisdicción.

¿Por qué hay aforados?

La razón aducida normalmente es evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Se entiende que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones.

¿Es una ventaja, entonces?

En principio, sí, aunque muchos políticos no lo ven así. De hecho, suelen quejarse de que, al ir su caso directamente al Tribunal Superior de Justicia o al Supremo, tienen una instancia de apelación menos que el resto de los ciudadanos.

¿Todos los aforados son políticos?

No. De hecho, son una minoría. De los 10.000 aforados, serán políticos unos 2.000, pero también están los miembros de la Familia Real, los jueces y los fiscales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o el Defensor del Pueblo, por ejemplo.

¿Si la reforma constitucional prospera, se acabarán los aforamientos en toda España?

No, al menos en principio. La supresión de aforamientos políticos que propone el Gobierno sólo afectará a los cargos públicos que dependen de la Administración General del Estado. Los que dependan de los estatutos de autonomía no están sujetos a los cambios. Al menos de momento, porque el Gobierno espera que la supresión del aforamiento sea en cascada, es decir, que después de reformar en este sentido la Constitución el cambio también se introduzca en los estatutos de autonomía.

¿Qué efectos tendrá la reforma?

No podrá aplicarse a los casos que ya estén en los tribunales, no tendrá carácter retroactivo. Esto supondrá que sólo los cargos públicos que a partir de la reforma cometan un presunto delito en su esfera privada se arriesgarán a quedarse sin aforamiento. Esta circunstancia señala directamente al presidente de PP, Pablo Casado, sobre quién aún no se sabe si el Tribunal Supremo se habrá pronunciado sobre su presunta imputación sobre el caso máster para el momento en el que esta reforma constitucional eventualmente entre en vigor.
Por otra parte, en el pasado habido casos en los que un aforado imputado deja de serlo, porque, por ejemplo, deja de tener un cargo público. El efecto en estos casos siempre ha sido una dilación del proceso, porque la pérdida de la condición de aforado supone que el Tribunal Superior que llevara su caso ya no sería competente y debería regresar a un tribunal ordinario, con la ampliación de lo plazos que eso conlleva para, por ejemplo, abrir juicio oral.

Supondrá una ventaja para perseguir delitos relacionados con la corrupción, ¿no?

Esa es la gran duda, no aclarada de momento por el Gobierno. A simple vista, si sólo se aplicará a políticos pero por cuestiones ajenas a su vida política, parece que no, ya que un delito como malversación de caudales públicos sólo podría cometerse si se gestionan fondos públicos, es decir, desde un cargo político.

¿Cómo se quitará el aforamiento?

Según los planes que apuntan fuentes del Gobierno, cuando un cargo público sea imputado por algo ajeno a su cargo, el Consejo de Ministros pedirá sendos informes, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado, para decidir si debe aplicarse la nueva disposición que aparecerá en la Constitución si finalmente se reforma.

¿Cómo se va a hacer la reforma constitucional?

Hace falta una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado (210 diputados y 160 senadores) para aprobar un proyecto de reforma Constitucional. Cuando no sea así, si el Senado la ha aprobado por mayoría absoluta (133 senadores), en el Congreso se necesitará una mayoría de dos tercios (234 diputados). Sánchez ha dicho que la reforma podría entrar en vigor 60 días después de iniciada su tramitación, por lo que cuenta con que sea un procedimiento urgencia, sin ponencia y gracias a obtener la mayoría necesaria.
Como en este caso no se tocará el preámbulo, la Corona o derechos fundamentales y libertades, sólo se hará un referendum si, al final del proceso, lo pide un 10% de los diputados o de los senadores, es decir 35 diputados o 26 senadores.

¿Hay algún precedente?

En 2011 ya tuvimos una reforma "exprés" de la Constitución, para la que el PSOE y el PP se aliaron para modificar el artículo 135, de manera que el límite de déficit y el pago de la deuda fuera prioritario sobre cualquier otro gasto del Estado.
Sin embargo, las mayorías parlamentarias eran muy distintas hace siete años, hasta el punto de que sólo el PP y el PSOE sumaban el 90% de los votos, muchos más de los necesarios y que fuera de estos dos partidos, no hubo nigún otro – IU- capaz de reunir el 10% de los necesarios para haber pedido un referendum.
Hoy la cosa ha cambiado y sólo los diputados de Unidos Podemos podrían pedir una consulta para ratificar un cambio con el que, por otra parte, previsiblemente muchos más ciudadanos estarían de acuerdo que con la modificación del artículo 135.

¿Tiene apoyos el Gobierno para sacar la reforma adelante?

El Gobierno no ha negociado con ningún partido, pero fuentes de la Moncloa cuentan con que la reforma cuente con el respaldo de los partidos suficientes, al menos de PP, Podemos y Ciudadanos. Alegan que todos, de un modo u otro, ha propuesto la supresión de aforamientos.