Valla de Ceuta
Inmigrantes subsaharianos tras saltar la valla fronteriza de Ceuta. José M. Rincón / EFE

Un tribunal marroquí condenó este lunes a dos meses de prisión a 18 inmigrantes subsaharianos que formaban parte del grupo de 116 que fueron devueltos desde Ceuta a Marruecos el 23 de agosto tras un acuerdo entre los gobiernos de Rabat y Madrid.

Según informaron fuentes de la Asociación Manos Solidarias, que ha defendido a este grupo de jóvenes, se trata de personas originarias de varios países como Camerún, Costa de Marfil, Senegal o Nigeria.

Los condenados ya están recluidos en la prisión de Tetuán. Los delitos de los que se les ha declarado culpables tras un juicio de varias horas son agresión de policías, porte de armas, lanzamiento de piedras a las fuerzas del orden y entrada ilegal al territorio de Marruecos.  

Las fuentes precisan que son muy raros los procesos por el salto ilegal a la frontera y solo se han registrado en contadas ocasiones.  

Consideran más grave el hecho de que se desconozca el paradero de los otros 98 expulsados ese mismo día. No se sabe si siguen en Marruecos o si en algunos casos han sido repatriados a sus países.

Trasladados a la fuerza

Para devolver a los 116 subsaharianos, el Ejecutivo español invocó un "acuerdo de readmisión" firmado en 1992 entre Rabat y Madrid, aunque el Gobierno marroquí calificó posteriormente la devolución como una mera "medida" tomada "independientemente del marco jurídico", en palabras de su ministro portavoz, Mustafa Jalfi. En aquella comparecencia del 30 de agosto, Jalfi se negó a responder a una pregunta sobre el destino de esta personas.

Ese mismo día sin embargo, y tras una reunión excepcional de los ministros de Interior, Exteriores y Emigración, los embajadores africanos acreditados en Rabat fueron informados de los traslados masivos de inmigrantes desde el norte hacia el sur de Marruecos con vistas a la repatriación definitiva a sus países respectivos.

Sin concretar si entre ellos se encontraban algunos de los 116, fuentes oficiales cifraron el número de trasladados a la fuerza en unos 1.800, cifra que Amnistía Internacional ha subido hasta los 5.000.

Si bien el Gobierno marroquí ha insistido en que los traslados se han hecho según la legalidad, ha recibido numerosas críticas, no solo de Amnistía, sino también de numerosas organizaciones marroquíes pro derechos humanos, que han denunciado la falta de garantías con que se hicieron (y supuestamente siguen haciéndose) los traslados.