El Gobierno prepara una ley para la prevención y protección de los niños y adolescentes ante situaciones de violencia, de violencia sexual y acoso a través de las redes sociales -el llamado ciberacoso o 'ciberbuyilling'- que espera poder enviar al Congreso en el segundo trimestre de 2019, según ha explicado este viernes la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón. El objetivo de la norma es "respetar la dignidad y la iguadad de niños y adolescentes y garantizar su desarrollo personal en un entorno libre de violencia", ha dicho.

Los beneficiarios de la futura ley serán niños, niñas y adolescentes, entre los que el Gobierno pone especial atención a los menores extranjeros no acompañados (mena), a las niñas como menores "más vulnerables", a las víctimas de trata, menores con algún tipo de discapacidad y los que están "en el ámbito de diversidad sexual", ha enumerado Montón.

Uno de los fines que persigue el Gobierno es "visibilizar la violencia contra la infancia para una mejor detección de las situaciones".

Una consulta pública a través de la web del Ministerio que terminará la semana que viene es el primer paso en la preparación de una ley para la que Montón quiere contar con las aportaciones de departamentos como Educación, Justicia, Interior, Trabajo y Migraciones, así como de la Fiscalía de menores, ayuntamientos y comunidades autónomas y asociaciones y sociedades científicas.

El objetivo, ha señalado Montón, es elaborar una ley que dé una "protección integral" a niños, niñas y adolescentes y que "incluirá el abuso sexual y nuevas formas de violencia, como el acoso o violencia ejercida a través de las redes sociales".

La norma también tendrá en cuenta el objetivo de "restaurar los derechos" de sus víctimas, para lo que el Gobierno se plantea, por una parte, que en un proceso judicial se repeten los derechos penales y civiles de los menroes, entre ellos, el de "ser oídos".

Asimismo, se creará un registro único de casos de violencia contra los menores "para tomar conciencia y poder actuar". Permitirá conocer a quienes sufren violencia y a quienes la infringen, de manera y "se actualizará en materias relativas a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, volutariado y actuaciones que impliquen el trato con menores" o puedan afectar incluso a "la patria potestad, la tutela, la guarda, la acogida o la adopción", ha enumerado la ministra.

Otro de los objetivos de la futura ley será "facilitar el debate y la denuncia", así como la "detección precoz" de situaciones de violencia, para lo que se tomará también en consideración a la familia  y colectivos como asociaciones, organizaciones deportivas o servicios sociales.