Al menos 100 niños han muerto en España por violencia desde 2010, denuncia Save The Children

  • La ONG reprocha al Gobierno que no tenga entre sus planes legislativos de 2018 la nueva ley integral de erradicación de la violencia contra la infancia.
  • Lanzan la campaña #LosUltimos100 para que la lista de niños fallecidos por homicidios, asesinatos o suicidios por acoso escolar deje de aumentar.
  • En base a estos casos, el 36% se produjeron por violencia de género, el 24% a manos de sus madres y por suicidio un 7%. El resto por otro tipo de violencia.
  • Alicante y Madrid con 12 casos son las más violentas. Barcelona tuvo 10 casos.
  • Suben un 15% las denuncias de abusos sexuales a menores.
Una imagen de Lisvette, la menor dominicana presuntamente asesinada en su casa del barrio de Tetuán.
Una imagen de Lisvette, la menor dominicana presuntamente asesinada en su casa del barrio de Tetuán.
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Una imagen de Lisvette, la menor dominicana presuntamente asesinada en su casa del barrio de Tetuán.

Lisvette tenía 16 años cuando el pasado mes de noviembre era asesinada de varios golpes fuertes en la cabeza con un objeto contundente en la cama de su habitación en el barrio de Tetuán de Madrid. La Policía sigue buscando al autor o autores del crimen de la menor, el último en una lista que asciende a más de un centenar de niños y niñas que, según denuncia Save The Children, han muerto de forma violenta en España en los últimos siete años.

La ONG ha presentado este martes la campaña #LosUltimos100 para exigir que estos sean los últimos en morir violentamente en España. La organización insiste en que el Gobierno debería aprobar este año una ley integral para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, a pesar de que la misma no fuera anunciada en diciembre entre los compromisos legislativos del Gobierno.

La aprobación de dicha norma, recuerda Save The Children, formó parte del acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos y constituye un mandato al Gobierno aprobado por el pleno del Congreso, y por unanimidad, el pasado mes de septiembre. Entonces el Congreso dio doce meses al Gobierno para plantear la nueva norma, que según la ONG el Gobierno descarta porque según alegan "no hay tiempo para tramitarla, al ser una ley compleja".

Las 100 muertes de menores que recogen las estadísticas del Ministerio del Interior son solo el impacto más visible de la violencia contra la infancia, la punta del iceberg, y para los que la ley ya llega tarde, recuerdan en Save The Children. Pero en España solamente durante 2016 se interpusieron 37.495 denuncias por delitos violentos contra menores de edad, principalmente por abusos sexuales, violencia de género y acoso escolar. A pesar de la magnitud de esta cifra "la mayoría de los casos de violencia contra la infancia no salen a la luz ni llegan a la Policía", confirman en la ONG. "Los niños no saben cómo denunciar, le da miedo y a veces ni siquiera saben que están siendo agredidos".

De la revisión de los cien últimos casos de muertes por homicidio o asesinato de niños y niñas, Save The Children ha concluido que el 36% se produjeron por violencia de género, a manos de la madre el 24% y por suicidio por acoso escolar el 7%. El resto son por otros tipos de violencia. Las ciudades que más casos tuvieron fueron Alicante (12), Madrid (12) y Barcelona (10), dicen en su informe.

Pediatras, la Plataforma por la Infancia (que aglutina a 50 ONG) y hasta la ONU reclaman también la aprobación de esta ley para proteger a los menores de cualquier forma de violencia, principalmente en el ámbito familiar. Citando datos del Ministerio de Interior, solamente en 2015  más de 4.000 menores fueron víctimas de malos tratos en el ámbito familiar. Y el año pasado nada menos que 8 menores perdieron la vida asesinados por sus padres en venganza contra sus madres en el marco de la violencia de género.

Ana Sastre, directora de políticas de la ONG, ha asegurado que en países como Canadá, la introducción de medidas preventivas redujo al 50% los delitos contra los menores.

Save The Children apuesta por una norma que incluya formación a todos los profesionales que trabajen con la infancia, inhabilitar a todo el que haya tenido condena por delito contra la infancia para trabajar con niños, campañas de sensibilización para una paternidad en positivo, retirada del régimen de visitas de forma provisional y preventiva a los maltratadores, medidas para colectivos vulnerables, o que la prescripción de delitos sexuales contra la infancia empiece a contar cuando la víctima tenga 30 años y no a partir de los 18, como ocurre ahora. También claman por una adaptación del sistema de Justicia a las necesidades de los niños para evitar su doble victimización.

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