El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves una de las primeras propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez: el regreso a la Sanidad universal, es decir, devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, tras el recorte del Gobierno de Rajoy en 2012.

Así, el Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio ha sido convalidado por los diputados. Esto significa que las medidas entran en vigor, aunque en la cámara serán tramitadas ahora bajo un procedimiento legislativo normal en el que los demás partidos podrán debatir y hacer sus aportaciones.

Hasta ahora, los inmigrantes en situación irregular no tenían derecho a la atención primaria y especializada. Fue una de las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy en 2012, en concreto por la entonces titular de la cartera de Sanidad, Ana Mato, argumentando que ello daba solvencia y viabilidad al sistema sanitario frente a la crisis económica.

La reforma fue publicada en el BOE del 24 de abril de 2012 (ver texto completo) y en ella se ligaba el acceso a la atención primaria a la condición de asegurado. Los extranjeros "no registrados ni autorizados como residentes en España" solo podrían recibir asistencia en dos casos: De urgencia por enfermedad grave o accidente, "hasta la situación de alta médica"; y en caso de embarazo, parto y postparto. La atención se mantenía para los menores de edad.

Además, tenían derecho aquellas personas en situación de asilo o las víctimas de trata que hubieran ayudado a denunciar a sus captores. Además, Sanidad se comprometió a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, aunque la atención debía financiarla el país de origen si existiera convenio de colaboración con España. En caso de no existir, el inmigrante sería atendido solo cuando hubiera riesgo vital.

Así, el sábado 1 de septiembre de 2012 unos 153.000 inmigrantes sin papeles se quedaron sin tarjeta sanitaria. Esos eran los cálculos oficiales, aunque las ONG señalaron que el número de extranjeros afectados superaba el medio millón. El Gobierno calculaba que el ahorro para las arcas públicas iba a ser de unos 1.500 millones de euros anuales.

El recorte de Sanidad suscitó casi inmediatamente divisiones entre las Comunidades Autónomas. Algunas lo cumplieron al pie de la letra y anunciaron que cobrarían la atención a sin papeles, mientras que otras acordaron darles una tarjeta sanitaria. El caso del País Vasco llegó al Constitucional, que en un fallo le permitió otorgar cobertura sanitaria a ese colectivo.

El propio Consejo de Europa, en 2014, consideró que la reforma iba en contra de su convención.

El propio Gobierno de Rajoy propuso en 2015 permitir el acceso a extranjeros sin papeles y darles una tarjeta sanitaria. El ministro de Sanidad de entonces, Alfonso Alonso, señaló que se hacía porque era "más práctico" y para "no saturar las urgencias". El ministro lo superditó a una futura reforma sanitaria que nunca llegó.

Lo que ha validado el Congreso es el regreso a la Sanidad universal. Es decir, para los colectivos de siempre (españoles, extranjeros con residencia, trabajadores desplazados, etc.) más los inmigrantes sin papeles. "Los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española", según el comunicado de Sanidad.

La reforma autoriza a las comunidades a expedir la tarjeta sanitaria. "Las CCAA, en el ámbito de sus competencias, fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial", de acuerdo con el mismo texto.

Sanidad explica que esta asistencia no será a cargo de fondos públicos cuando la cobertura se pueda dar por otra vía (convenios bilaterales), exista un tercero obligado al pago o se pueda exportar el derecho desde el país de origen.

En un borrador mostrado por la ministra Carmen Montón a las Comunidades Autónomas se establecía que los sin papeles tendrían acceso siempre que tuvieran un mínimo de 90 días empadronados o, en su defecto, que acreditaran su situación de vulnerabilidad con un informe de los servicios sociales.