Amnistía Internacional (AI) ha exigido al Gobierno español que paralice las expulsiones exprés que se están produciendo desde España hacia Marruecos al considerar que pueden suponer "una violación de derechos humanos de las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo".

Amnistía ha hecho esta petición al Ministerio del Interior después de que España haya devuelto este jueves a Marruecos a los 116 inmigrantes que el miércoles saltaron la valla de Ceuta y que han sido retornados en autobuses tras aplicarles expedientes de expulsión en virtud de un acuerdo entre ambos países relativo a la readmisión de personas extranjeras.

Tras esta "operación insólita", en una nota, el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, ha señalado que debido a la celeridad con la que se ha llevado a cabo la devolución "difícilmente" se les ha podido garantizar a las personas migrantes el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías. Y, por tanto, tampoco han podido contar con una asistencia letrada y de intérprete de calidad, así como con una identificación adecuada de potenciales solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados (menas) o miembros de colectivos con necesidades específicas como las personas LGBTI.

Amnistía se ha sumado a la denuncia hecha por el Defensor del Pueblo en la que recordaba que es necesario que los procedimientos se lleven a cabo con las debidas garantías para evitar "comportamientos de la Administración inmunes al control judicial".

Además, ha considerado que en virtud del Acuerdo por el que se han efectuado las expulsiones, de 1992, estas personas deberán ser enviadas a su estado de origen o al estado donde comenzaran su viaje, en caso de no tener derecho a permanecer en territorio marroquí.

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha considerado que el cambio de políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez pone en marcha "procedimientos acelerados" en poco más de 24 horas que impiden la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional. Asimismo, recuerda que a día de hoy no es posible llegar a España mediante vías legales y seguras, como visados humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas, consulados o acceso a la oficina de asilo en Ceuta.

La organización también señala el creciente hostigamiento que están sufriendo las personas subsaharianas en el norte de Marruecos, con redadas policiales violentas que demuestran una vez más que no es un país seguro, ya que no garantiza el principio de no devolución ni el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo, CEAR cree que esta presión de las autoridades marroquíes impide que permanezcan en este país por lo que precipitan su decisión de cruzar la frontera.

"Este nuevo enfoque es desacertado si no se garantizan fórmulas que permitan la llegada de personas de una forma ordenada y con garantías. De nuevo nos encontramos ante un enfoque basado más en el control de fronteras y en la seguridad que en las personas y sus derechos", señala Estrella Galán, directora general de CEAR.