Una década más tarde, pero el gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona finalmente ha desplegado los artículos de la Ley de derecho a la vivienda de Cataluña de 2007 que permiten multar a los fondos de inversión y los grandes tenedores que se dedican a hacer la vida imposible a los inquilinos para que se vayan.

"Se podría haber actuado antes", ha reconocido este martes el teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, que ha apuntado que el retraso es consecuencia, en parte, de que han tardado un año en obtener el aval de los servicios jurídicos municipales y ha destacado que el de la capital catalana es el primer ayuntamiento que castigará el 'mobbing' inmobiliario por la vía administrativa. Esta, ha dicho, es "más ágil" que la penal, "con más dificultades probatorias y más exigente", y que se dejará para los casos "especialmente graves".

El importe de las multas, ha explicado Asens, oscilará entre los 90.001 y los 900.000 euros, en función de la gravedad y del principio de proporcionalidad y está previsto que los procedimientos administrativos, que se pueden iniciar por una denuncia o de oficio, se alarguen alrededor de un año.

El Ayuntamiento ya se ha puesto manos a la obra y ha empezado a investigar en cuatro edificios. Lo ha hecho, ha señalado Asens, después de recibir 10 denuncias de inquilinos de los 70 bloques comprados por fondos de inversión que tiene detectados en la ciudad. En uno de estos cuatro inmuebles, situado en el número 106 de la calle de Carme de Ciutat Vella, ya se ha iniciado un proceso sancionador. Los otros pertenecen al mismo distrito y están en Portal Nou, Pi y Sant Antoni Abat.

Pau Berjoan, uno de los inquilinos afectados en Carme 106, ha explicado que el edificio fue comprado por una Socimi propiedad de BMB Investment Manegement y que esta ha provocado la degradación progresiva del inmueble. "Entran personas a drogarse y ladrones", ha asegurado.

El teniente de alcaldía, por otro lado, ha lamentado que "las víctimas habituales" del acoso inmobiliario en Barcelona son "personas mayores, con renta antigua y con pocos recursos económicos» y ha advertido: "No toleraremos más ataques que degradan nuestro modelo de convivencia y nuestros barrios".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y el Sindicato de Inquilinos han presentado este martes un modelo de denuncia administrativa genérico contra el acoso inmobiliario. Este se puede descargar de internet y llevar a los ayuntamientos una vez rellenado.

Las organizaciones sociales, que acusan a los fondos buitre "de atacar la ciudad de Barcelona", ya han interpuesto cinco denuncias por 'mobbing'.