El cierre de la Modelo, ubicada en el barrio de l'Esquerra de l'Eixample, está abriendo paso a la especulación inmobiliaria en una zona donde los edificios son antiguos, los pisos mayoritariamente pequeños y con alquileres de renta indefinida. Así lo denuncian los vecinos del barrio, que ya ha empezado a revalorizarse, pues está previsto que en un futuro se construyan equipamientos y áreas verdes en el espacio que ahora ocupa la cárcel.

Siguiendo esta línea, recientemente se ha creado la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample, una entidad que pretende construir respuestas colectivas a esta problemática de la vivienda.

Uno de sus portavoces, David Benito, cuenta: "los vecinos estamos contentos con el cierre de la cárcel y que haya equipamientos, pero por otro lado esto nos afecta de manera negativa". Este representante de la Xarxa hace referencia a la transformación de la zona, "que debido a la especulación puede expulsar a los vecinos de su entorno".

El colectivo, por otro lado, también se ha creado porque considera que en las administraciones hay una respuesta limitada basada únicamente en la legalidad, y creen que desde la Xarxa se pueden plantear nuevas respuestas a partir de la legitimidad. "Estas pueden pasar por la visibilización o por el apoyo legal del Sindicat de Llogateres u otros colectivos", añade Benito.

Hasta el momento, la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample ha contabilizado que cinco pisos de propiedad vertical -tres de ellos ubicados cerca de la Modelo- han sido adquiridos recientemente por fondos de inversión y empresas inversoras. Y denuncian que en estos bloques hay inquilinos que están recibiendo notificaciones conforme no se les renueva el contrato de alquiler.

Un ejemplo de esta situación es la del inmueble 151 de la calle Entença. Uno de sus inquilinos, Joan Gómez, cuenta que hace tres meses, cuando se anunció el cierre definitivo de la prisión, el administrador del bloque empezó a enviar un burofax a cuatro de los nueve vecinos anunciándoles que ya no se les renovaría más el contrato y se tendrían que ir.

Cuando se produjo esta situación, los inquilinos empezaron a pedir a las administraciones que exploraran soluciones para su caso y se reunieron con la Oficina de l'Habitatge de l'Eixample. Ahí vieron que una de la salidas, que el Ayuntamiento compre el edificio entero como pasó con el de la calle Leiva, no es posible, puesto que el propietario en este caso es un particular (no un fondo de inversión) y puede optar por no querer negociar.

Actualmente en el bloque hay ocho familias -una se ha ido recientemente- que pagan un alquiler que oscila entre los 400 y los 600 euros. Todos ellos están preocupados con el cierre de la Modelo porque consideran que la zona se revalorizará y los alquileres subirán de precio en un proceso de gentrificación.

Aseguran que esta situación les obligará a marcharse de la zona teniendo vínculos aquí y ponen como ejemplo que en el edificio viven nueve niños que están escolarizados en el barrio.

Gómez, vecino de l'Esquerra de l'Eixample, ha contado que el administrador se niega a hablar con los vecinos de forma conjunta y que solo propone hacerlo de forma individual, por lo que desconocen la situación del bloque.

También afirma que pretenden vender el inmueble a un fondo inversor y ha dicho que varias personas ya han visitado los pisos. "No lo han hecho para ir a vivir, sino para revender e hinchar la burbuja", asegura.

El bloque de Entença es un inmueble de 1936, antiguo, sin ascensor y con algunas fisuras en el último piso. Anteriormente había 12 familias, de las que quedan ocho. De los cuatro pisos vacíos tres de ellos han sido precintados con una plancha de metal en la puerta.

"La mayoría de vecinos piensan quedarse aquí y seguir resistiendo, aunque en verano los contratos ya empiezan a extinguirse. A uno de ellos, por ejemplo, se le acaba en junio, pero este vecino piensa seguir quedándose", cuenta Gómez.

Iman Amouri tiene 34 años y hace ocho que vive en el segundo piso de la calle Entença número 151. En el 2009 empezó a buscar alquiler en esta zona del Eixample porque trabajaba cerca, en la avenida Roma, y encontró este piso al lado de la Model. "Durante este tiempo he montado mi vida, me he casado y ahora tengo dos hijos, una niña de un año y un niño de cinco que va al colegio del barrio, la escuela Joan Miró".

A finales de marzo la propietaria del edificio se puso en contacto con Iman y le propuso venderle el piso por 248.000 €. Ella en estos momentos está en paro y su marido trabaja en el sector de la construcción. "No podemos comprar el piso pero tampoco tengo la intención de irme porque no tengo a donde ir. Aún no sé qué haremos".

A ella todavía no le ha llegado el burofax notificándole que no se le renueva el contrato de alquiler. En su caso, el contrato se lo renuevan año a año alrededor del mes de noviembre. Tiene claro que esta vez muy probablemente no será así.

Daniel Pardo del Sindicat de Llogateres cuenta que cada caso es individual y la lucha se tiene que hacer hasta donde se pueda. Añade, aún así, que una de las cosas que sí se pueden hacer a nivel global es fundar una masa social para cambiar el marco legal de la LAU, es decir, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) del 2013.

Este sindicato considera que esta normativa asegura únicamente los intereses de los propietarios y no de los inquilinos. También cree que la normativa tiene carencias. Pardo pone como ejemplo la falta de un índice de precios de alquiler que no sea solo orientativo sino también vinculante.

Este portavoz del Sindicat de Llogateres, finalmente, ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación que hay convocada para este sábado 10 de junio en Barcelona, en la que se exigirá una vivienda asequible.