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Entidades llaman a manifestarse el sábado en Barcelona para exigir una vivienda asequible

Joan Balañach, Irene Sabaté y Enric Bárcena
Joan Balañach, vicepresidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Irene Sabaté, portavoz del Sindicat de Llogateres y Enric Bárcena, de Fem Sant Antoni. (EUROPA PRESS)
  • La marcha saldrá a las 18 horas de la plaza Universitat y finalizará en Drassanes, donde se prevé la construcción de un hotel que los vecinos rechazan.
  • Las entidades vecinales y sindicales critican que " los fondos de inversión estén expoliando la ciudad con la industria del turismo".

Entidades vecinales y sindicales agrupadas en la plataforma Barcelona No Està en Venta han llamado a los barceloneses a participar en la manifestación que ha convocado para el sábado 10 de junio para exigir que se garantice el derecho a una vivienda asequible y criticar la expulsión de vecinos ocasionada por la especulación.

El vicepresidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (Favb) Joan Balañach ha detallado este martes en rueda de prensa que la manifestación saldrá a las 18 horas de la plaza Universitat y recorrerá "edificios emblemáticos de la especulación" hasta llegar a Drassanes, donde se prevé la construcción de un hotel que los vecinos rechazan.

El vicepresidente de la Favb calcula que hay unos 70 edificios enteros en procesos de compra que incluirán "echar a los inquilinos por diversos medios"Junto a la portavoz del Sindicat de Llogateres Irene Sabaté y el de Fem Sant Antoni Enric Bárcena, Balañach ha criticado que "fondos de inversión están expoliando la ciudad con la industria del turismo", y ha lamentado que procesos de gentrificación y turistificación expulsan a los vecinos de sus barrios, que se convierten en lugares temáticos al servicio del turista.

Preguntado por los medios, ha calculado que en Barcelona hay unos 70 edificios enteros en procesos de compra que incluirán previsiblemente "echar a los inquilinos por diversos medios", como el de la calle Lancaster, el de la calle Leiva -que finalmente compró el Ayuntamiento para evitar la expulsión- y uno con nueve familias ubicado en la calle Entença.

Bárcena ha resaltado que vecinos trabajan para identificar fincas de un único propietario para señalar las que tienen más probabilidades de venderse a un fondo de inversión que expulse a los vecinos, y ha concretado que tienen contabilizados siete de un único propietario por edificio en Sant Antoni y 12 en el Poble-sec.

Sabaté ha calculado que pronto deberán renovarse unos 40.000 contratos de alquiler firmados por tres años, algo que Bárcena ha dicho que provoca una "preemergencia habitacional" porque llevará a un empobrecimiento de las familias porque los precios subirán, lo que podría afectar a unas 150.000 en tres años, según el portavoz de la plataforma de Sant Antoni.

"Hace tiempo decíamos que éramos un barrio caramelo en el punto de mira de los buitres, y efectivamente nos hemos convertido en esto: un caramelo que todo el mundo está chupando", ha aseverado Bárcena, que ha descrito como el corredor de la muerte inmobiliario la situación de vecinos que prevén que finalice pronto su contrato.

Papeles por 500.000 euros

Han criticado también el mecanismo por el que extranjeros pueden obtener el visado de residencia por una inversión inmobiliaria de más de 500.000 euros, que entró en vigor en 2013, y Bárcena ha advertido de que es urgente una respuesta colectiva entre administraciones y movimientos sociales ante la situación: "No podemos esperar a que haya más pisos sociales".

"La gente no puede esperar. De hoy a los próximos tres años, ¿qué hacemos?", ha alertado, tras lo que Sabaté ha resaltado que también se producen desplazamientos invisibles de ciudadanos que, al ver que no podrán afrontar un incremento del precio del alquiler, se ven forzados a cambiar de vivienda.

Ha dicho que los inquilinos son un colectivo especialmente expuesto al abuso inmobiliario, y ha criticado que las condiciones fijadas por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) provocan una "inestabilidad por la corta duración de los contratos", de tres años, por lo que pide hacerlos más estables y también para limitar precio, ampliar el parque público de vivienda y garantizar el uso social por encima de la especulación.

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