La sombra de la corrupción también le ha llegado a Ciudadanos. En un país donde prácticamente todos los partidos, grandes y pequeños, terminan manchándose con ella, la sombra de la malversación y robo de dinero público ha llegado a la puerta del partido de Albert Rivera con la implicación de cuatro políticos de su partido en la Operación Enredadera. Uno de ellos, el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, ha anunciado su dimisión este viernes.

El partido naranja sabe que en la gestión interna de esta investigación judicial se juega parte de su discurso de limpieza y regeneración y desde su estallido ha desplegado una estrategia que, a una rápida suspensión de militancia, le siguió la espera durante diez días para que dimitan. Si no lo hacen antes del martes de la semana que viene los expulsará a todos, aunque fuentes de Ciudadanos asumen que podrían encontrarse en la misma situación de otros partidos cuando sus cargos públicos se niegan a entregar sus actas de ediles o diputados.

Ciudadanos no sólo se ha encontrado con situaciones parecidas a las que han criticado en otros partidos. También ha tomado de su propia medicina. El el Ayuntamiento madrileño de Arroyomolinos, el partido naranja ha deseado desde un primer momento llegar a una solución que no le hiciera perder el gobierno municipal, pero el PSOE decidió hace unos días retirarse del acuerdo de gobierno allí y el PP había dado un ultimatum de 48 horas en las que si su alcalde, Carlos Ruipérez, no dimite, presentaría una moción de censura. Finalmente, este viernes Ruipérez ha dimitido.

Ruipérez y su teniente alcalde, Juan José González Arroyo; el portavoz en la Diputación de León y concejal de San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández, y su asesor, Sadat Maraña son cuatro de los 44 presuntos participantes de la trama de amaño de contratos para el control y la gestión del tráfico conocida como Operación Enredadera.

El mismo día que se conoció, el 3 de julio, Ciudadanos los suspendió de militancia y les abrió un expediente. Según sus estatutos "garantistas", a partir de ese momento se abrió un periodo de 10 días hábiles, en principio, para que presenten alegaciones en el proceso interno contra ellos. En la práctica, lo que espera el partido es que dimitan todos antes de que el martes que viene se les expulse.

A la mitad de este plazo, fuentes naranjas calculaban que había un "99,9%" de posibilidades de que no se tuviera que llegar a la expulsión. Apostaban por una dimisión antes y apuntaban que "hay muchas vías" para hacerlo, desde una rueda de prensa, un comunicado o un simple tuit un viernes por la noche.

Según otras fuentes del partido, en los días previos a la fecha límite del martes 17 de julio ha habido contactos directos e indirectos con los implicados. No están "negociando", insisten, simplemente, ellos saben cuáles son las normas y les corresponde tomar una decisión o que la tome el partido por ellos.

Según la investigación que ha llevado a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), los más de 40 implicados participaron en una trama que amañaba contratos municipales para la instalación de radares de tráfico, que empezó a investigarse en el ayuntamiento de Montgat (Barcelona) pero que luego se extendió por toda España. Entre los arrestados está además uno de los considerados principales empresarios de la trama Gürtel, José Luis Ulibarri.

Según la UDEF, los políticos implicados conseguían que sus ayuntamientos compraran material y programas informáticos de seguridad vial con precios hinchados y amañaban también la adjudicación de gestión de multas. Para poder engordar la maquinaria y poder comprar más radares a precios hinchados con los que supuestamente se pagaban comisiones a políticos y policías locales, la trama habría incluso falsificado datos de siniestralidad en la carretera.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la trama habría hecho pleno al afectar a políticos del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, donde su líder, Ignacio Aguado, ha visto como uno de sus alcaldes está implicado. Es la primera vez que los de Rivera se enfrentan a perder un gobierno municipal, el de Arroyomolinos, por motivos relacionados con la corrupción.

Desde la formación naranja se señala que los contratos presuntamente irregulares son antiguos y que sus políticos no hicieron más que continuarlos. Además, aducen que Ruipérez, que fue detenido, se negó a declarar ante la policía en ausencia de su abogado y aún está a la espera de declarar ante un juez y, por tanto, todavía no ha sido imputado. No obstante, el discurso del partido les obliga a "cortar la cabeza cuanto antes".

Para terminar de enrarecer las cosas, la Operación Enredadera también ha obligado a Ciudadanos a lidiar con un amago de infarto, el que padeció Ruipérez Alonso y por el que estuvo hospitalizado unos días.

En esa tesitura, Aguado decidió cortar toda comunicación con él, de una forma tan radical en un momento tan delicado que, tras responder tajantemente que no sabía nada sobre cómo se encontraba, su equipo matizó horas después que de forma indirecta sí se había interesado por su estado de salud y le deseaban una pronta recuperación.

En los primeros días, el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, aseguró que no les iba a "temblar el puso". Aunque entonces no quiso aclarar si Ciudadanos se había puesto en contacto con los implicados, lo cierto es que sí los está habiendo, con las secretarías de Organización y de Acción Institucional.

"Cualquiera que forma parte de una organización que forman personas sabes que tarde o temprano alguien se va a equivocar o lo va a hacer mal. No sabes cuándo ni dónde, si en un ayuntamiento de 100 o 200.000 habitantes", añaden fuentes de Ciudadanos, que ponen el acento de la diferencia con otros partidos en lo rápido que han actuado ellos.

Sin embargo, tanto si dimiten todos como si finalmente el partido tiene que proceder a la expulsión, el partido naranja puede chocar contra el mismo muro contra el que se dan otros partidos en circunstancias similares. Ciudadanos puede expulsarles de sus filas pero su acta de ediles es personal y no hay manera de obligarles a renunciar a ella.

Ni siquiera aludiendo a la "carta ética" que firman todos los cargos de Ciudadanos. En ella, además de comprometerse a respetar el argumentario del partido, también lo hacen a cumplir el reglamento disciplinario y que, según fuentes naranjas, contempla que "la entrega del acto en caso de ser expulsados".

Sin embargo, tampoco así existe una obligación real. La única medida que puede tomar el partido en los casos en el que la persona hallada en falta sea empleada de otra persona del partido, instar a este superior a destituirle. Esto es lo que podría ocurrir en el caso de Sadat Maraña, asesor del portavoz de Ciudadanos en la Diputación de León, al que se le podría pedir que lo despidiera. El problema es el portavoz es también uno de los cuatro implicados en la Operación Enredadera. "No depende de nosotros", admiten en Ciudadanos.

Siempre se dijo que al todavía presidente del PP, Mariano Rajoy, le preocupaba no ser justo con su gente ante sospechas de corrupción y que por eso casi nunca actuó rápidamente. En Ciudadanos, la tesis es distinta y se resume en poner la venda antes de tener la herida.

Si al final resulta que alguno o todos de los cuatro políticos naranjas de la Operación Enredadera no tenía nada que ver con el presunto amaño de contratos y falsificación de datos de tráfico, el partido se encargará de que sean restituidos, también ante la opinión pública.

Son conscientes de que ser expulsado de un partido es una "mancha" y de que "luego puede costar volver a la política". Qué impediría, por ejemplo, el regreso de Ruipérez a la vida política con el sobrenombre de "el renacido", sugieren.